Tezanos defiende que el Gobierno "se ajusta a la ley" al denegar la moratoria a la planta de cloro de Solvay

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha defendido que el Gobierno PRC-PSOE ha actuado "con arreglo a los tiempos" y "conforme a derecho" al denegar la moratoria solicitada para adaptar la planta de cloro de Solvay.

"El Gobierno de Cantabria se ajusta a la ley" a la hora de tomar esta decisión, ha subrayado la número dos del bipartito, que también ha asegurado que en el Ejecutivo no tienen "ningún tipo de discrecionalidad" en este tipo de expedientes.

La asimismo responsable de Investigación y Universidades y Política Social ha destacado este martes a preguntas de los periodistas que el Gobierno autonómico "siempre" tuvo y ha tenido "voluntad" de apostar por este proyecto de reconversión industrial, para que la empresa pudiera adecuar sus procesos productivos de cloro en la planta de Barreda a la normativa europea que prohíbe, a partir de diciembre de 2017, la técnica de mercurio.

Y, en consecuencia, era partidario de conceder la moratoria y hubo una resolución provisional en este sentido, ha recordado Díaz Tezanos, para añadir también que "se han cumplido los tiempos" que marcan los procedimientos administrativos.

Así, ha habido un proceso de alegaciones, que ha habido que estudiar, y al ser una cuestión "jurídicamente compleja", se trasladó la petición de Solvay a los servicios jurídicos del Gobierno.

Tras esto, ha proseguido la responsable de Medio Ambiente, se emitieron dos informes, el primero y otro complementario, y que "finalmente" fue "negativo" a la moratoria solicitada.

"El Gobierno de Cantabria se ajusta a la ley. El Gobierno de Cantabria ha actuado conforme a derecho", ha aseverado la vicepresidenta, que ha incidido en que "en este tipo de expedientes no tenemos ningún tipo de discrecionalidad"-

"Lo que hemos hecho es actuar conforme a los informes que finalmente teníamos", ha insistido Díaz Tezanos, que ha recalcado también que se ha actuado "con arreglo a los tiempos" y, por tanto, a cuando la petición se registró -el año pasado- en el Ejecutivo autonómico. "A partir de ahí se puso en marcha todo el mecanismo procedimental", ha concluido.

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