La Policía Nacional ha lanzado este martes a primera hora una operación anticorrupción con registros en decenas de ayuntamientos de ciudades como Madrid y Barcelona por presuntas irregularidades en la contratación de servicios para la regulación del tráfico. En el operativo, llevado a cabo por cerca de 600 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) junto con la Fiscalía Anticorrupción, han sido detenidos el empresario José Luis Ulibarri, el oficial de Policía Local en Alcobendas (Madrid) Julio Villegas, el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, y el asesor dela formación Sadat Maraña. Se prevén además otras 60 detenciones principalmente en Madrid, Barcelona, Oviedo y León.
En el marco de la denominada Operación Enredadera se investigan presuntos amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos que conllevan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En el centro de la operación se encuentra la empresa Aplicaciones Gespol SL, una filial del grupo Sacyr con sede en Barcelona que fue constituida en octubre de 2016 y que está especializada en aplicaciones para controlar el tráfico rodado. Los investigadores creen que habría amañado concursos públicos con la connivencia de políticos locales del PSOE, PP y Ciudadanos para obtener la adjudicación de contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.
La operación está dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) que ha declarado secretas las actuaciones y ha autorizado la práctica de entradas y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés de Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Teruel, Torrelodondes y Villaquilambre.
Además, el Juzgado ha ordenado el requerimiento de documentación en la Diputación de Alicante, así como en los municipios de Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premiá de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares El Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.
Las detenciones previstas afectarán a autoridades a autoridades y funcionarios públicos de los municipios afectados, los cuales pasarán a disposición judicial.
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