Acusados de amenazas a ediles del PSOE en un Pleno en Cádiz dicen que los concejales "provocaron"

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha acogido este martes el juicio por los hechos producidos en el Pleno celebrado en el Ayuntamiento gaditano el pasado 1 de julio, cuando se llevaron a cabo unas supuestas amenazas por dos ciudadanos que se situaban como público en el Salón plenario, que supuestamente manifestaron que iban a tener que "llevar escoltas".

Uno de los acusados, para quien la Fiscalía pide un año y medio de prisión por un presunto delito de amenazas al portavoz socialista, ha afirmado que no es "una persona política", aunque ha reconocido, a pregunta de la acusación, que iba como número 13 en una de las listas electorales de uno de los partidos que gobiernan en la capital gaditana.

Asimismo, ha afirmado que cuando llegó al Pleno ya estaba empezado y ha asegurado que "estaba bronco y los concejales estaban tensos con el público".

El acusado ha asegurado que cuando se dirigió a los concejales "no fue personalmente a nadie, sino una generalización a los políticos". No obstante, tras afirmar que es "una persona pacífica", ha señalado que "nunca" fue su "intención amenazar".

"Fue un momento de calentón. Me equivoqué. Fue un error y a las tres horas mandé una nota a los medios de comunicación pidiendo disculpas", ha concluido el acusado.

Por su parte, el segundo de los acusados, también por un delito de amenazas y otro de injurias --al insultar supuestamente al portavoz del PSOE cuando se encontraba en el Pleno--, ha señalado que asistió al Pleno por "razones personales" y ha asegurado que "él --por el portavoz socialista-- y varios concejales más provocaron".

En este sentido, ha añadido que le dijo al portavoz del PSOE que lo que le tuviera que decir se "lo dijera fuera", "porque con el ruido no se oía". Además, ha asegurado que "no" le llamó "hijo de puta", sino que dijo "me cago en la puta", pero "no iba dirigido a nadie, sino que era en general".

Cabe recordar que la Fiscalía pide un año y medio de prisión para ambos acusados, mientras que la acusación popular solicita para ellos una pena de cuatro años de cárcel.