Miércoles, 19.09.2018 - 21:10 h

El nuevo Plan de Viabilidad de Aranjuez incluye tasa a cajeros, auditoría de la deuda y subida del IAE

El acuerdo firmado por PSOE, Aranjuez Ahora, INPAR y la concejala no adscrita Mónica García González alcanzado anoche y que impidió la dimisión de la alcaldesa de la localidad, Cristina Moreno, recoge un nuevo Plan de Viabilidad que contempla una tasa a cajeros, la auditoría de la deuda y una subida del Impuesto de Actividades Economía (IAE) para recaudar un total de 257.732,57 euros, así como un acuerdo en los presupuestos para 2017 y 2018 y para las ordenanzas fiscales de 2018 y 2019.

El nuevo Plan de Viabilidad de Aranjuez incluye tasa a cajeros, auditoría de la deuda y subida del IAE

Según el texto del acuerdo, dado a conocer por las formaciones firmantes, también se recogen una serie de medidas de transparencia, como el establecimiento de una auditoría para aclarar los responsables políticos de la deuda del municipio.

También se ha acordado que si una formación firmante quiere entrar en el Gobierno municipal deberá venir respaldado por la organización a la que pertenezcan. Asimismo, se ha establecido una comisión de seguimiento del acuerdo para comprobar que se cumpla.

El acuerdo, según el propio texto, tiene como objetivo "alcanzar la estabilidad política, económica y social de este Ayuntamiento, que propicie poder resolver sus problemas económicos dotando suficientemente programas de impulso del empleo y cohesión social, y afrontando con garantías y de manera global la deuda de este Ayuntamiento, reflejada en el Plan de Viabilidad".

Una parte de este pacto se llevará a un Pleno municipal que se celebrará el 15 de septiembre, y en el que se votará la aprobación urgente del nuevo Plan de Viabilidad, para "intentar recuperar los 21 millones de euros de financiación perdidos", y de los presupuestos municipales para 2017, "según el proyecto remitido en la convocatoria ya realizada".

También se ha conseguido, según lo establecido en el nuevo Plan de Viabilidad, un acuerdo para aprobar las Presupuestos para 2018 y las Ordenanzas fiscales para 2018 y 2019.

NUEVO PLAN DE VIABILIDAD

Este nuevo Plan de Viabilidad, con base en el anterior, incluye nuevas medidas de ahorro que suman 82.344,91 euros a los ajustes contemplados en el anterior, y que se conseguirán con la reducción de 1 cargo de confianza del Gobierno municipal: 0,25 administrativos de Ciudadanos, 0,25 administrativos In-Par y 0,5 administrativos de ACIPA.

La suma de todas estas medidas supondrá un ahorro total respecto a la anterior legislatura de los gastos de la Corporación de un total de 502.030,57 euros, de los cuales se incorporarían en el nuevo Plan de Viabilidad un total de 257.732,57 euros.

También se incorpora al nuevo Plan una tasa de cajeros, que prevé una recaudación de 50.000 euros anuales. También se pospondrá para 2023 la implantación de la polémica Tasa de la Basura, "siempre y cuando el equilibrio económico-financiero lo haga imprescindible".

En cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), se propone aplicar una subida en los coeficientes de ubicación del 1 por ciento, lo que "propiciaría un incremento de la recaudación de en torno a 200.000 euros". Para el IBI se establecerán bonificaciones que permitan reducir al máximo la carga fiscal que soportan las familias con menores recursos.

Además, se plantean una serie de bonificaciones dependientes del porcentaje de incremento de plantilla con contrato indefinido de trabajadores que presten sus servicios en centros de trabajo ubicados en el municipio de Aranjuez. Se ha acordado, a su vez, la realización "lo antes posible" de una oferta de empleo público para cubrir la vacante existente de un economista como trabajador municipal.

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

El pacto entre también recoge una serie de medidas relativas a la transparencia municipal. Entre ellas, se ha acordado clarificar qué facturas, conceptos y obligaciones de gasto existen para establecer "de manera fehaciente los responsables políticos de haber originado y, sobre todo, haber mantenido esa desuda sin darle una solución viable".

Destacan que se harán públicas las conclusiones de esta auditoría, con el fin de "dar una explicación coherente del porqué de la decisión de aplicar la carencia y el nuevo Plan de Viabilidad y presentar a la ciudadanía unos presupuestos realistas y aceptables que puedan remontar a corto, medio y largo plazo la crítica situación financiera en la que se encuentra la institución actualmente".

Este pacto también recoge que en el caso de incorporaciones al Gobierno municipal de miembros de los grupos municipales firmantes del acuerdo, estas "deberán venir avaladas por la organización a la que representan".

Respecto a las sentencias no firmes, se facilitará toda la información a los grupos de la oposición atendiendo solo a las limitaciones que marca la ley. Asimismo, se solicitará a Intervención un informe de evolución y cumplimiento, donde se recogerá tanto el periodo medio de pago, remanente negativo de tesorería o cualquier pago a los proveedores.

Previa a la deliberación de la Junta de Gobierno, se ha acordado celebrar una reunión entre los firmantes del acuerdo para informar sobre los asuntos a tratar "promoviendo el consenso de las medias que se contengan en el orden del día".

Además, recoge que en base a la inejecución presupuestaria que se produzca en cada ejercicio y "previa revisión de los firmantes del acuerdo", se reconocerá y se ejecutará en la medida de lo posible la deuda municipal de la cuenta 413 (acreedores que aún no han cobrado). Asimismo, y para el 2017, se utilizará para el mismo fin el PIR aprobado para gasto corriente (25 por ciento del importe total concedido". En ese trimestre se depurarán también las obligaciones prescritas a 2004 de esa cuenta.

En cuanto a la Sociedad Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez (SAVIA), el acuerdo establece que se trabajará para la finalización del proceso de absorción de la entidad, y que tras su absorción el 15 por ciento de las viviendas pasarán a conformar un parque público de viviendas de alquiler social con prioridad para familias desahuciadas, víctimas de violencia de género y familias en riesgo de exclusión social.

En la misma línea, se recoge crear una ordenanza municipal para las viviendas de titularidad pública y también se hará público el total de viviendas tanto habitadas como disponibles.

Por otra parte, han acordado que el Gobierno trasladrá lo más rápidamente posible la información sobre la liquidación y control de externalizaciones como el camping, el cementerio, Polideportivo de las Olivas, la Plaza de Toros, etc.

Se abordará la regularización de los contratos municipales, de tal forma que "consiga optimizar y no generar facturas que no puedan ser applicadas a Presupuesto". Además, se recoge la obligatoriedad de adoptar "todas las recomendaciones efectuadas por la Cámara de Cuentas".

También han anunciado la elaboración "inmediatamente" de un convenio de relación con la Entidad Local Menor Cortijo de San Isidro, tal y como ya se acordó en Pleno municipal.

Además de las 20 nuevas plazas de Oferta de Empleo Público para Operarios de Servicios Múltiples, también han propuesto exigir a la Comunidad de Madrid la financiación de los 13 policías BESCAM incluidos en el convenio que "no se están financiando en la actualidad".

Han acordado que todos los impuestos y tasas que deban revisarse y aprobarse deben someterse a un estudio de impacto social previa aprobación de los mismos.

El acuerdo también recoge el establecimiento de una comisión de seguimiento compuesta por 2 representantes de cada partido firmante del acuerdo, que se reunirá cada 3 meses. Destacan que en los primeros meses esta periodicidad será mensual, y que cada grupo puede solicitar una reunión extraordinaria cuando lo considere oportuno, "siempre que justifique la petición de reunión y la urgencia".

El objetivo de esta comisión será "valorar el grado de cumplimiento del acuerdo con la periodicidad necesaria para introducir correciones y solventar posibles incumplimientos".

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