Beteta rechaza que las CCAA asuman el control de los préstamos hipotecarios

Madrid, 9 mar (EFE).- El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha dicho hoy que las comunidades autónomas no tienen la capacidad ni el personal "adecuado y suficiente" para poder llevar a cabo las garantías jurídicas que necesitan los consumidores en materia de créditos hipotecarios.

Beteta ha aprovechado la presentación de la Memoria de Consumo 2008 para referirse al proyecto de ley por el que se regula la contratación con los consumidores de créditos o préstamos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

Esta norma que impulsa la Administración del Estado y que en los próximos días podría superar su tramitación en el Senado, hace que las cuestiones relativas al control de préstamos y contratos hipotecarios pasen a ser competencia de Consumo, lo que, a juicio de Beteta, es "una enorme barbaridad".

Tras recordar que los instrumentos para el control de dichos productos están en el Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda, el consejero ha asegurado que ninguna Comunidad "tiene la capacidad ni las personas con la preparación adecuada y suficiente" para llevar a cabo las garantías jurídicas necesarias en temas "tan delicados" como son los hipotecarios y la intermediación de contratos de préstamos y de créditos.

Ha asegurado que tras "innumerables" reuniones con las comunidades autónomas y de éstas con la Administración del Estado "nos hemos encontrado con un muro imposible de flanquear".

Beteta entiende que se trata de una reacción "en negativo" a lo ocurrido con Fórum Filatélico y Afinsa, y cree que es "el peor servicio" que se puede dar a los consumidores al "empeorar sus derechos" ya que la vigilancia de estas operaciones deja de estar sujeta a la inspección del Banco de España y de Hacienda para pasar a los sistemas de Consumo.

Estos sistemas, ha subrayado, "tienen una preparación para otro tipo de cuestiones" y no disponen de los medios humanos precisos.

Además de suponer un gasto adicional a las Comunidades Autónomas, Beteta ha considerado que "hacer una acción de esta naturaleza es gravemente dañina" para el sistema financiero y para los consumidores.