Lunes, 22.04.2019 - 20:45 h
Juicio en la Audiencia Nacional

El empresario Juan Soler y su operación fallida con BdV: "Todo costó un dineral"

El expresidente del Valencia C.F afirma que salió tan mal parado de los proyectos urbanísticos que se quiso llevar "hasta los folios de la empresa".

Juan Soler
Juan Soler se enfrenta a tres años y medio de cárcel por administración desleal / EP

El promotor y expresidente del Valencia Club de Fútbol Juan Bautista Soler justificó ante el tribunal de la Audiencia Nacional este miércoles cómo, lejos de salir airoso de un macroproyecto urbanístico que dejó un agujero en Banco de Valencia de 83 millones de euros, su participación en el mismo supuso todo un descenso a los infiernos para él, llegando a tener que sacrificar bienes y obras de artes para enfrentar una deuda millonaria. “Fue fatal, costó un dineral”, expuso el promotor.

La del miércoles era la tercera sesión de juicio que sienta en el banquillo de los acusados al exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y otros empresarios por tres proyectos bautizados como Nou Litoral,Valenciana de Inversiones y Faverche Desarrollos que provocaron un perjuicio patrimonial total a la entidad de 160 millones de euros.

Soler podría ser condenado a tres años y medio de cárcel por delito de administración desleal al participar con su empresa Urbanas de Levante en dos de los tres proyectos investigados. En su interrogatorio, relató que se sumó a la creación de la mercantil en 2003, un año antes de llegar a la presidencia del Valencia, cuando amasaba un patrimonio superior a los 200 millones de euros. Cinco años más tarde abandonó el proyecto, según dijo, porque ante la ausencia de deuda lo mejor era abandonar.

Sin embargo, sí confesó que la exigencia de garantías por parte del banco por un préstamo de 61 millones de euros, tuvo que desprenderse de gran cantidad de solares libres de cargas, una colección de arte que era su "ojito derecho” y firmar una serie de 'swaps' (productos financieros complejos) cuya cancelación le costó más de siete millones de euros. “Cuando salí de allí me quise llevar hasta los folios de la empresa”, precisó el promotor que, en la línea con el resto de acusados, culpó a la crisis del fracaso del proyecto.

Nou Litoral se constituyó 2003 con un capital social de 250.000 euros repartido entre cinco socios que ostentaban cada uno el 20 por ciento. Ese mismo año recibió una línea de crédito y avales del banco de 60.000 euros para la compra de solares en Chiva, Pinedo, Campanar y Vergel para someterlos a proyectos de calificación urbanística y luego venderlos.

Sin embargo Anticorrupción sospecha que tanto su sociedad como la del también investigado Salvador Vila no solo recibieron financiación “sin garantías reales” sino que, como consecuencia de la venta de suelo, los promotores de estas mercantiles obtuvieron plusvalías que se repartieron entre sus socios. De hecho, apunta que, de la venta de más de 209.800 metros cuadrados de suelo público obtuvieron un dividendo de 10 millones.

Solo una salida: la dación en pago

Versión muy diferente fue la que mantuvo este miércoles Soler al afirmar que a la vuelta del verano en el año 2008, apenas meses después de firmar una refinanciación de 61 millones de euros y ante la previsión de impago, acudió a todos los bancos que conocía en busca de poder firmar una dación en pago.

Sin embargo, la realidad fue que el propio Banco de Valencia, a través de su sociedad Valenciana de Viviendas (de la que también participaba en propio Soler) compró a Urbanas de Levante fincas en Vergel (Alicante) y Patraix (Valencia) que habían sido hipotecadas precisamente ante la imposibilidad de impago. De este forma consiguió Soler que su empresa se subrogara a la deuda con el banco valenciano sin tener que desvincularse del proyecto.

Preguntado por este movimiento con el que habría evitado la dación en pago, el acusado dijo que él hizo lo que se le encomendó desde Banco de Valencia y que, en absoluto se trató de una operación favorable para Urbanas de Levante porque se le pidió que aportara garantías por importe de 70 millones, pese a que la deuda contraída era de 61 millones.  

Con todo reconoció que, dada su “posición y nivel que manejaba en esos momentos” se reunió con las “altas instancias” del Banco de Valencia, en referencia a Parra, para abordar los pormenores de estas operaciones, si bien insistió en varias ocasiones que no salieron acuerdos de aquellos encuentros sino que se buscaba “abrir un camino” para la negociación.

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