A Sanidad no le consta que el cierre de urgencias se extienda a otras CCAA

  • El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no tiene constancia de que la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de cerrar urgencias sanitarias en una veintena de municipios vaya a ser adoptada en otras comunidades autónomas.

Madrid, 15 ene.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no tiene constancia de que la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de cerrar urgencias sanitarias en una veintena de municipios vaya a ser adoptada en otras comunidades autónomas.

Así lo han precisado a Efe fuentes del Departamento que dirige Ana Mato, que han señalado que en caso de que esa medida se extendiese a otras regiones, el Ministerio poco podría hacer, salvo pedir que se garantice la calidad asistencial de todas las personas afectadas, dado que son las comunidades las que tienen la competencia en esta materia.

En esos mismos términos se ha manifestado la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, quien ha apelado a la responsabilidad de las comunidades autónomas para garantizar la mayor oferta sanitaria y los requisitos de excelencia a la hora de reorganizar los servicios de salud.

El Gobierno regional justifica el cierre, que será efectivo desde las 15.00 horas en unos casos y desde las 20.00 horas en otros, en la baja afluencia de pacientes que precisan de la asistencia urgente respecto al coste que tiene el mantenimiento del servicio.

En la línea de "racionalizar los recursos públicos disponibles" ha circunscrito la medida el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien ha asegurado que el 80 por ciento de los centros afectados por el cierre tenían en torno a dos o tres visitas y el resto, ninguna.

Además, según la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, los municipios afectados tienen una población "muy pequeña" y dispondrán de un servicio de urgencias a una distancia de quince minutos.

La decisión de Castilla-La Mancha ha suscitado reacciones de partidos políticos y organizaciones profesionales y protestas de los vecinos.

Así, la práctica totalidad de los 21 ayuntamientos afectados van a presentar un recurso contencioso-administrativo contra la medida, según ha anunciado el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Este partido asegura que mantener esos servicios de urgencia costaría un millón y medio de euros al año, una cantidad que es el "chocolate del loro", ha asegurado el portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Cortes castellanomanchegas, Fernando Mora.

El líder nacional del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha criticado también el cierre, así como la privatización de la gestión de varios hospitales en la Comunidad de Madrid, un proceso que se está llevando a cabo con el "amparo y apoyo" del Gobierno central.

Frente a estas medidas, Rubalcaba ha contrapuesto la defensa "con uñas y dientes" de la sanidad y la educación, una de las prioridades de su partido.

El grupo popular en las Cortes de Castilla-La Mancha se ha enfrentado a las críticas de los socialistas denunciando, a través de su portavoz, Francisco Cañizares, que el PSOE tenía un "calendario oculto" para cerrar hospitales y centros de salud, debido a la falta de recursos económicos.

Los profesionales sanitarios de la comunidad han señalado que el cierre de las urgencias nocturnas dejará "desprotegidos o con menor protección" durante unas horas a la población de más edad, la que mayor riesgo tiene de enfermar.

El presidente del Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha, Francisco Parra, ha lamentado la supresión de servicios, máxime si afecta a la población más vulnerable como son los ancianos, y ha criticado que la sanidad se vea con "criterios economicistas".

Más allá ha ido el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, quien ha advertido de que "estamos sentados encima de un polvorín" como consecuencia de los recortes y las medidas de ajuste que están adoptando el Gobierno central y las diferentes comunidades autónomas.

El cierre ha sido también denunciado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, al considerar que supone un "serio retroceso", y esta organización ha apelado a la "movilización social y profesional".

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