UGT y CCOO piden que en los despidos por pérdidas cuente la evolución del IVA

Madrid.- CCOO y UGT han exigido al Gobierno que, en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que se presenten alegando pérdidas previstas, el empresario tenga que aportar datos sobre la evolución de la cartera de clientes, del IVA, de los productos fabricados y de los precios.

Esta demanda la plantean en el documento de "observaciones" que han hecho al borrador de proyecto de real decreto que aprueba el reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación en materia de ERE.

Según explican, esta petición la hacen con el fin de "intentar objetivizar, al máximo, los elementos que puedan configurar las pérdidas previstas".

En la reforma laboral del Gobierno se establece que las empresas con pérdidas previstas podrán despedir para ajustar sus plantillas.

Respecto a la documentación para los despidos colectivos por causas técnicas, organizativas o de producción, UGT y CCOO consideran que no es "suficiente" con un informe técnico.

Quieren que se exija, al menos, el que la empresa acredite documentalmente las inversiones realizadas, los cambios organizativos o que la competencia está substituyendo sus productos.

Además, para ambas centrales sindicales es "fundamental" que la empresa justifique que el despido es una medida "necesaria" ante la imposibilidad de continuar con la actividad con el mismo volumen de empleo.

Igualmente, la empresa deberá acreditar que, sólo con despidos, puede restablecer su viabilidad, lo que implica que no la puede conseguir con otras fórmulas de flexibilidad interna como la modificación de las condiciones de trabajo, la suspensión de contratos o la reducción de jornada.

UGT y CCOO también defienden que los gastos de los planes de acompañamiento social de los ERE los asuman las empresas privadas.

Los sindicatos también alertan de que no hay incentivos para fomentar medidas alternativas (como la reducción de jornada) al despido.

Otro punto que debe garantizarse es la "prioridad de permanencia" de los representantes de los trabajadores sobre el conjunto de la plantilla y no sólo en relación con los afectados por el ERE, según los sindicatos.