Amnistía Internacional ha reiterado este martes la "necesidad" de una reforma constitucional que garantice la máxima protección de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se incluye el derecho a una vivienda adecuada.
"La situación de indefensión frente a los desalojos en la que se encuentran cientos de miles de personas en España es consecuencia directa de la grave desprotección de la que ha sido objeto el derecho a una vivienda adecuada. Este derecho no ha sido considerado fundamental por la Constitución, no ha sido regulado como un derecho humano, no ha tenido garantías de protección efectivas para exigirlo, como la posibilidad de plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y como consecuencia ha quedado expuesto a sufrir vulneraciones. Por eso las personas se encuentran indefensas ante posibles abusos", afirman.
La organización recuerda que el Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada de Naciones Unidas subrayó en su informe de 2008 sobre España que si bien "la Constitución reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo", y destacó la necesidad de adoptar un enfoque de la vivienda basado en los derechos humanos y en la protección de las personas más vulnerables.
Advertencias de Naciones Unidas desoídas desde 2008
El Relator de Naciones Unidas advirtió a España en 2008 sobre el número creciente de personas que hacían frente a un desahucio por mora en el pago de su hipoteca o alquiler. También aseguró que esta situación no era sostenible a largo plazo y que un mayor porcentaje de la población experimentaría problemas de pago en el futuro, lo cual podría afectar a su derecho a una vivienda adecuada.
Igualmente, formuló importantes recomendaciones exigiéndole a las autoridades garantizar el derecho a una vivienda adecuada, asequible y accesible. Los sucesivos gobiernos han hecho caso omiso de ellas.
Obligaciones y estándares internacionales que las autoridades deben cumplir
El diseño de las medidas para garantizar el derecho a una vivienda debe guiarse por las normas y estándares internacionales de derechos humanos, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho a la no discriminación.
"España es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales donde se recoge el derecho a una vivienda adecuada y por tanto tiene obligaciones internacionales que respetar, proteger y cumplir", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Deben paralizarse los desalojos sin garantías
La organización recuerda que una de las obligaciones del Estado es no llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que tampoco los efectúen particulares ni entidades privadas. Bajo ninguna circunstancia, incluida un contexto de crisis económica, los estados pueden vulnerar esta obligación.
"Ningún desalojo debe realizarse hasta que no se garantice que las personas afectadas cuentan con recursos judiciales efectivos que les permitan proteger sus derechos. No se puede dejar en la calle a las personas que no puedan contar por sus propios medios con una vivienda alternativa", continúa Beltrán.
Amnistía Internacional recuerda que pese a las recomendaciones de Naciones Unidas, las últimas efectuadas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en mayo de este año, España no ha establecido ni en la ley ni en la práctica una prohibición expresa de los desalojos forzosos y tampoco ha evaluado el impacto de estos en las personas.
Falta de información relevante sobre la vivienda en España
La actual Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada ha recordado en agosto de 2012 a los Estados su obligación de evaluar permanentemente el impacto de sus políticas de vivienda. Una vigilancia efectiva de este derecho es imposible si no se cuenta con los datos apropiados.
Amnistía Internacional destaca que no existe información actualizada sobre el nivel de disponibilidad de opciones de vivienda adecuada, elemento clave para diseñar políticas paliativas de la situación. El último censo de viviendas vacías data de 2001 y el propio gobierno ha reconocido que desconoce cuantas viviendas con protección pública existen y cuántas de estas están desocupadas.
Además, de las casi 400.000 ejecuciones hipotecarias tramitadas desde 2007, los datos no permiten establecer el tipo de vivienda, es decir, si corresponden a primeras viviendas, segundas o si son locales comerciales.
Participación efectiva en el diseño de medidas para proteger el derecho a la vivienda
Amnistía Internacional llama la atención de las autoridades sobre la necesidad urgente de asegurar una participación sustancial e informada de las personas afectadas y de sus organizaciones en el diseño de medidas que protejan el derecho a la vivienda. Además, es fundamental la elaboración de una agenda legislativa en la que todos los grupos con representación parlamentaria puedan participar en su diseño, aprobación y supervisión de ejecución.
El anuncio de la preparación de medidas legislativas por parte del Gobierno y del PSOE en relación a los desahucios producidos por impago de deudas con garantía hipotecaria no sigue esta línea.
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