La muerte de una anciana en España debido a un incendio provocado por una vela, a falta de luz, provocó este martes indignación en España, donde cuatro millones de personas sufren pobreza energética por el encarecimiento de los suministros.
El suceso se produjo en la noche madrugada del lunes cuando se incendió el piso donde vivía la anciana de 81 años con su nieta en Reus (noreste de España). Intentando huir, la mujer cayó al suelo y murió por la inhalación de humo, informó la policía regional de Cataluña.
Desde hacía dos meses, la mujer tenía la luz cortada por impago, señaló el ayuntamiento. De noche, iluminaba la vivienda con velas y una de ellas prendió fuego en el colchón originando el incendio, explicó una portavoz policial.
El caso se convirtió en paradigma de la pobreza energética que desde hace años denuncian entidades de activismo social en España, coincidiendo con la pérdida de capacidad adquisitiva por la crisis y un considerable aumento de las tarifas.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, desde 2006 a 2015 el precio de la luz creció en un 56%, el del gas en un 28% y el agua en un 43%.
En 2015, las dos principales compañías eléctricas practicaron 506.481 cortes de suministro, un 5,9% más que en 2014, denunció la asociación de consumidores Facua basándose en los datos ofrecidos por Endesa e Iberdrola.
Aunque no existen datos oficiales, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) estimó que entre cuatro y siete millones de españoles, sobre una población de 46, sufrían pobreza energética dependiendo del método de cálculo.
El caso de la anciana "es extremo pero desgraciadamente no es aislado", denunció a la AFP María Campuzano, portavoz de la plataforma Alianza contra la Pobreza Energética.
Esta problemática perjudica la salud de los afectados y el rendimiento escolar de los niños, añadió esta activista que pide prohibir los cortes de suministro en casos de precariedad.
"Si no pagan es porque no pueden, nadie quiere vivir sin luz o sin calefacción", aseguró.
Tanto el ayuntamiento como el gobierno regional pretenden emprender acciones legales contra la compañía suministradora, Gas Natural, que según la ley regional debería haber notificado la situación a las autoridades públicas para que pudieran actuar.
"La compañía no disponía de información relativa a su situación de vulnerabilidad (de la anciana)", se excusó la compañía en un comunicado.
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