En una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC, Desalegn ha afirmado que el país está capacitado para investigar lo ocurrido por su cuenta, citando el informe presentado por la comisión sobre Derechos Humanos de Etiopía.
La comisión ha presentado durante la jornada su informe, cifrando en 669 los muertos durante las protestas en las regiones de Oromo, Amhara y Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (NNPS).
Desalegn ha subrayado que la comisión es una institución independiente, si bien ha reconocido que "carece de capacidades" y que debe ser reforzada por las autoridades.
Por otra parte, ha defendido la decisión de imponer el estado de emergencia en octubre de 2016 en respuesta a las protestas, argumentando que ha conseguido la "normalidad" en el país.
En este sentido, ha manifestado que la reciente decisión del Parlamento de extenderlo otros cuatro meses "era necesaria para consolidar algunas de las ganancias obtenidas por el Estado en la aplicación de reformas".
Desalegn ha recalcado además que los miles de personas detenidos durante las numerosas redadas llevadas a cabo en el marco del estado de emergencia "deberán atravesar todo el proceso judicial".
De acuerdo con el informe, solo en Oromo, donde se registraron disturbios en más de 90 ciudades, murieron 462 manifestantes y 33 miembros de las fuerzas de seguridad, según ha recogido la estatal FANA Broadcasting Corporation.
En esta región, ha indicado el presidente de la comisión, Addisu Gebregziabher, los agentes mostraron "contención" durante un festival religioso en el que la intervención policial provocó una estampida humana que se saldó con decenas de muertos, si bien ha recomendado que varios agentes rindan cuentas por no contener la violencia desencadenada un día después de este suceso.
En Amhara, 110 manifestantes y 30 uniformados perdieron la vida en las protestas desatadas por la detención de algunos de los líderes de las movilizaciones contra la expropiación de tierras. Otras 34 personas murieron en la región de NNPS, al sur de Addis Abeba.
Asimismo, la comisión ha acusado a la Oromo Media Network y a la cadena de televisión por satélite ESAT de incitar a la violencia durante las manifestaciones.
Las protestas estallaron por la decisión de incorporar el distrito de Wolkayt a la vecina región de Tigray, sin tener en cuenta las divisiones étnicas, para garantizar la expansión territorial de la capital.
El conflicto oromo cobró notoriedad internacional cuando el atleta etíope Feyisa Lilesa hizo el símbolo de protesta de esta etnia --los brazos cruzados en el aire-- al pasar la meta en la prueba de maratón masculino de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en la que obtuvo la medalla de plata.
Etiopía, aliado occidental en la lucha contra Estado Islámico y un actor cada vez más importante en el desarrollo económico del Cuerno de África, ha acusado a "elementos" de la vecina Eritrea, Egipto y otros países de alentar los disturbios.
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