Hombres armados irrumpen en un complejo de la ONU en la capital de Burundi


MADRID|

Un grupo de hombres armados ha irrumpido este miércoles en un complejo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la capital de Burundi, Buyumbura, sin que haya informaciones sobre víctimas.

Elizabeth Throssell, portavoz del organismo, ha descrito lo ocurrido como "un ataque", afirmando que "no se está en posición de dar más información hasta que la investigación se haya completado".

El portavoz de la Policía burundesa, Pierre Nkurikiye, ha dicho que las autoridades no han recibido ninguna denuncia relacionada con el incidente, según ha informado la emisora estadounidense Voice of America.

El suceso ha tenido lugar una semana después de que una comisión de la ONU denunciara posibles crímenes contra la Humanidad en el país, incluidas ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios, torturas, violencia sexual y desapariciones forzosas.

El martes fue secuestrado en Buyumbura Léopold Habarugira, tesorero del partido opositor burundés Unión por la Paz y el Desarrollo (UPD), tal y como ha denunciado su familia.

Por el momento las autoridades de Burundi no se han pronunciado sobre lo ocurrido. Cientos de opositores o seguidores de los partidos de la oposición han sido secuestrados desde el estallido de la crisis política en Burundi en 2015.

El presidente en el exilio de la UPD, Chamineau Mugwengezo, ha recordado que su predecesor, Zedi Feruzi, y su portavoz fueron asesinados en 2015. Habarugira es uno de los pocos altos cargos de la oposición burundesa que continúa en el país.

Burundi se vio sumido en el caos en abril de 2015 cuando el presidente, Pierre Nkurunziza, anunció que planeaba optar a un tercer mandato, algo que la oposición consideró inconstitucional y que violaba el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en 2005.

Finalmente, el Constitucional le dio la razón y Nkurunziza fue reelegido, pero algunos de sus detractores se alzaron en armas contra él.

Más de 700 personas han muerto desde entonces, mientras que se estima que unas 400.000 han huido a los países vecinos, según datos de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos.