Las cinco razones por las que el Gobierno rechaza el Pacto Fiscal

Un marco propio, la capacidad de decidir si un impuesto se sube o se baja sin necesidad de pedir permiso a Madrid y, sobre todo, disponer de la totalidad de la recaudación que se genera en Cataluña para atender las necesidades y financiar los servicios que reciben los catalanes.

Eso fue, a grades rasgos, lo que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, planteó ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión que ambos mantuvieron en Madrid.

Mas se encontró con la negativa rotunda del Gobierno a negociar un marco de esa naturaleza. Hasta ahora, el Ejecutivo se ha limitado a justificar su rechazo al Pacto Fiscal con argumentos un poco vagos como que"no es el momento" o que "lo que piden los españoles y los catalanes ahora es salir de la crisis", pero en el área económica del Gobierno manejan desde hace tiempo otras razones, más específicas, para no contemplar esa posibilidad:

1. Golpe de 11.000 millones para las arcas públicas. En el fondo, la esencia del Pacto Fiscal no es otra que conseguir una transferencia de recursos que hoy están en las arcas estatales hacia la Hacienda catalana.

Según el investigador del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ángel de la Fuente, una aplicación del Pacto Fiscal bajo los parámetros que aprobó el Parlament supondría unos ingresos de 11.000 millones de euros adicionales para Cataluña y, por tanto, una pérdida de recursos de la misma cuantía para las arcas estatales. La dotación para afrontar políticas en el resto de las comunidades autónomas descendería un 8%.

2. Problemas de constitucionalidad. Uno de los argumentos que más explícitamente ha utilizado el Gobierno para rechazar el Pacto Fiscal es su díficil encaje en la Constitución.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, advirtió esta semana de que no hay nada en la Carta Magna que justifique un trato diferenciado para Cataluña respecto al resto de autonomías del denominado Régimen Fiscal General, al contrario de lo que ocurre con las comunidades forales: Navarra y País Vasco. Algo queel Gobierno reiteró ayer en su comunicado.

Además, como también recuerda el profesor De la Fuente, una eventual renuncia por parte del Estado a los recursos fiscales procedentes de una región con tanto peso en la economía española como Cataluña haría imposible garantizar el acceso en igualdad a los servicios públicos en todo el territorio nacional que consagra la Constitución.

3. El riesgo de la competencia fiscal. Una de las derivadas que más ha preocupado tradicionalmente en el Ministerio de Hacienda a la hora de reformar la financiación autonómica ha sido restringir la capacidad de maniobra normativa de los gobiernos autonómicos para evitar fomentar una competencia fiscal entre regiones.

La experiencia de las vacaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades de las haciendas forales vascas, posteriormente declaradas ilegales por Europa, que provocó un importante desplazamiento de empresas hacia Euskadi desde las comunidades autónomas limítrofres para aprovechar sus ventajas fiscales, ha convencido a los responsables del Fisco de que una excesiva capacidad normativa puede generar una indeseable competencia fiscal.

El Pacto Fiscal catalán plantea una capacidad normativa total en impuestos como el IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades, algo que el Gobierno no está dispuesto a aceptar.

4. El café para todos. Varios analistas políticos han recordado en los últimos días una jugosa anécdota que al parecer se produjo en la última reunión que Mariano Rajoy mantuvo con los barones regionales del PP antes del paréntesis estival.

Cuando la conversación giró hacia la propuesta de Pacto Fiscal planteada por la Generalitat, uno de ellos se dirigió al presidente del Gobierno y le dijo: "Lo que le des a Artur, lo voy a pedir yo al minuto siguiente para mí comunidad autónoma".

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ya reaccionó a la propuesta catalana subrayando que la Comunidad Valenciana se siente con mucho más derecho que Cataluña a pedir más financiación, bajo el argumento de que recibe menos recursos del actual modelo de financiación autonómica.

En Moncloa no quieren ni pensar en un escenario con varias comunidades autónomas solicitando un pacto fiscal, que, advierten, sería incompatible con el más mínimo mecanismo de redistribución.

5. Complicaciones de gestión. La creación de una Agencia Tributaria catalana que gestionara, revisara e inspeccionara los impuestos que se pagan en Cataluña tampoco termina de convencer en el Gobierno.

Desde la Agencia Tributaria siempre se ha asegurado que trocear la gestión de los impuestos es ineficaz y facilita el fraude. De hecho, la alternativa al Pacto Fiscal en la que trabajó el PP catalán y que desveló elconfidencial.com, admitía la creación de una agencia tributaria propia con cierto margen de maniobra, pero bajo el requisito de una estricta cooperación con la Agencia Estatal Tributaria.