El Gobierno ya tiene su Ley de Sostenibilidad y Estabilidad Presupuestaria, gracias a la que mantendrá a raya el gasto en todas las administraciones españolas. Con ella, además de controlar las cuentas públicas, se persigue un doble objetivo: recuperar el crédito y mantener los servicios esenciales (sanidad o educación, por ejemplo).
Así lo ha confirmado la vicepresidenta y ministra portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha estado acompañada por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Industria, José Manuel Soria.
Con esta ley de Estabilidad, se establecen claramente las condiciones en las que todas las administraciones (desde los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes al Estado) tendrán que calcular sus gastos y mantenerse dentro de lo límites de un déficit del 0,4% (como mucho, y en condiciones especiales) y de una deuda máxima sobre el PIB del 60%.
Esto quiere decir que las autonomías tendrán que cumplir a rajatabla el déficit cero. Aunque en los documentos previos habían considerado un límite del 0,4% como base, el Gobierno ha decidido bajar la exigencia al equlibrio exacto.
Las comunidades autónomas que no corrijan la desviación del déficit en seis meses serán multadas con una sanción del 0,2% de su PIB nominal. Montoro adelantó que cuando las comunidades incumplan con el compromiso de déficit tendrán que realizar un depósito por este importe que, transcurridos seis meses y si persiste el incumplimiento, se convertirá en multa.
Pasados nueve meses, si el déficit sigue sin ser corregido, una delegación del Gobierno Central se trasladará a la comunidad incumplidora para valorar la situación financiera de la misma.
Respecto a esta intervención, el ministro ha recordado que "no será una visita amable" la que hará el Gobierno a las autonomías o a los ayuntamientos. Más bien serán similares a las que la Comisión Europea hace rutinariamente a Grecia, por ejemplo.
"Pioneros en Europa"
Por su parte, Sáenz de Santamaría destacó que esta ley es una "reforma estructural de primer orden", que convierte al país en "referente" en Europa en materia de gobernanza económica y en "pionero" en el control del gasto."España está tomando la delantera y además en un plazo muy reducido", añadió.
Para la portavoz del Gobierno, la consolidación fiscal es "imprescindible" para volver a la senda del crecimiento y del empleo y para devolver la credibilidad y la confianza en el país.
Además, resaltó que la reducción del déficit y la deuda pública es necesaria para coadyuvar al crecimiento económico, ya que, por un lado, contribuirá a la recuperación del crédito y, por otro, es "imprescindible" para asegurar el estado del bienestar, ya que el menor coste de los intereses de la deuda permitirá destinar este dinero a sanidad, educación o servicios sociales
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