Estatales, autonómicos y locales: los impuestos se llevan un tercio del salario de los españoles

Antonio García González llega a final de mes de milagro. Es el perfecto español medio; su identidad está confeccionada por retazos estadísticos y, como tal, su nombre y apellidos son los más comunes (según el INE) y sus ingresos anuales son de unos 23.000 euros.

Antonio trabaja por cuenta ajena y el coste de la nómina para su empresa es de 29.414 euros (en cálculos realizados por Gestha, el sindicato de Técnicos de Hacienda). Una vez descontados los múltiples bocados ocasionados por los impuestos, su renta disponible queda reducida a la mitad.

Con lo que Antonio, como cualquier otro español medio, se conforma con unos 15.000 euros para todo lo demás, dos tercios de lo que cobra.

La España multicolor ha parido impuestos estatales (que cobra directamente la Administración central o que gestionan las autonomías en parte con especificaciones propias), regionales y locales.

Según dónde viva nuestro Antonio, puede pagar uno u otro canon local o regional. Sin embargo, todos los españoles (excepto País Vasco, Navarra y Canarias, con régimenes especiales) más o menos cumplen con los mismos requisitos fiscales.

El más importante no lo sufre directamente Antonio, aunque quizá cobrase más si su empresa no pagase por su sueldo (recuerden, el coste para ésta era de casi 30.000 euros de media) unos 6.612 euros. Es la cuota a la Seguridad Social y supone ya casi un 22% del total.

También, si se resta esa cifra al total, volvemos a los aproximadamente 23.000 euros de media que gana cada español.

Así que continuemos con Antonio y sus impuestos. Según los últimos datos de la OCDE, la presión fiscal en nuestro país se situó en 2010 (última actualización existente) en el 31,7% del PIB. Eso quiere decir que de cada cien euros que gana Antonio, casi 32 se van a pagar tributos.

¿Y cómo se reparte ese dinero?

El principal foco de ingresos de las arcas públicas es el IRPF. Partiendo siempre de las estimaciones de los técnicos de Hacienda sobre un sueldo aproximado de 23.000 euros, en satisfacer el Impuesto sobre la Renta se van 3.252 euros, entre lo que se reduce directamente de la nómina y lo que pueda pagarse en la declaración anual.

En total, el IRPF es la principal vía de recaudación impositiva del Estado, que reparte a su vez a las autonomías gestión y recursos. Eso supone que, por ejemplo, una región pueda aplicar porcentajes más altos sobre algunos ingresos o aplicar reducciones especiales.

Es lo que se llama tramo estatal o autonómico y marca diferencias entre vivir en una u otra zona.  

Volviendo a las competencias estatales, también sobre la nómina de Antonio recae la aportación del trabajador a la Seguridad Social. En este ejemplo de promedio, dejaría de percibir 1.447 euros por ello.

Antonio es un mero trabajador, pero si fuera empresario también tendría que abonar el Impuesto de Sociedades, que se aplica sobre los beneficios de una compañía al término del año. El tipo inicial de este impuesto es de un 30%, si bien goza de múltiples ajustes que pueden adelgazar el cargo hasta en diez puntos.

De lo que no se libran ni empleados ni patronos (ni amas de casa ni jubilados) es del IVA. Es el principal impuesto indirecto (IRPF y Sociedades son de los denominados directos) que exige el Estado y se impone sobre cualquier producto de consumo.

En líneas generales, cualquier cosa que compra Antonio está gravada con un 18%. Al igual que con el IRPF, parte de lo que se recauda se entrega posteriormente a autonomías y ayuntamientos. La recaudación anual aproximada asciende a unos 50.000 millones de euros.

Eso sí, no todo lo que se compra arrastra un IVA del 18%. Hay un tipo reducido del 8% para cuestiones como la hostelería, el transporte y la alimentación en general.

Luego, el 4% superreducido se reserva a pan, harina, leche, queso, huevos, frutas y verduras, así como libros, prensa y productos para discapacitados. Desde hace unos meses, la vivienda también disfruta de un 4% de IVA en lugar del 8% tradicional.

En definitiva, y sin olvidarnos de Antonio, de sus 23.000 euros, poco más de 2.000 se pueden perder cada año por culpa de este impuesto, según los cálculos de los técnicos de Hacienda.

Por último, en lo que respecta a la tributación estatal más específica, Antonio también pierde poder adquisitivo como consecuencia de los impuestos especiales. En total, casi 500 euros de sus ingresos anuales se deben restar por los tributos relacionados con el alcohol, la cerveza, el tabaco, los hidrocarburos o la electricidad (obviamente, es una estimación, ya que nadie bebe o usa el coche por igual).

El campo autonómico

Hasta aquí, la gran parte de los impuestos que pagan los españoles. Cuando se baja al nivel regional, empiezan las múltiples excepciones. El caso más evidente de discordia se ha dado con el Impuesto de Patrimonio. En principio, se trata de un recargo de índole nacional, pero cada región tiene la potestad de aplicarlo o no, después de que el Gobierno de Zapatero lo resucitase este verano (ha estado en hibernación varios años). 

Al ser un español medio, el nuevo Impuesto de Patrimonio no debería afectar a Antonio, ya que sus posesiones no suman los 700.000 euros a partir de los que se le podría pedir su aportación.

Tampoco debería pagar Antonio el Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta que no le llegase el caso. Como sucede con todo lo autonómico, en cada territorio aplican un baremo muy distinto.

Finalmente, las autonomías tienen cierto margen legislativo en tributos relacionados con el medio ambiente. Según el último estudio del Ministerio de Economía al respecto, las CCAA de régimen común acumulan hasta 57 impuestos propios, la mayoría vinculados con el agua, los residuos o el juego. Sólo Castilla y León no ha desarrollado ninguna figura particular.

El golpe definitivo: el Ayuntamiento del pueblo

Por si no fuera ya poco todo lo anterior, Antonio también debe cumplir con su alcalde y sus maltrechas cuentas. De forma genérica, todos los ayuntamientos españoles disponen de cinco impuestos de índole municipal. El Estado regula y limita los porcentajes; sin embargo, el margen de actuación es amplio.

Los cinco tributos locales son el Impuesto de Bienes Inmuebles, el de Actividades Económicas (sólo lo pagan las empresas con una cifra de negocios superior al millón de euros), el de Vehículos, el de Construcciones y la plusvalía.

Los tres primeros se devengan anualmente y los dos restantes cuando se haga una obra (no tiene por qué ser todo un edificio: una pequeña reforma también cuenta) o se venda (o herede) un inmueble.

Pese a que las disparidades son muy elevadas, el simple pago del IBI y del Impuesto de Tracción Mecánica (los más comunes) pueden suponer un coste anual entre 500 y 1.000 euros (en función del valor de la vivienda, la tenencia de otras propiedades o de varios vehículos). Como media, el recibo del IBI ronda los 300 euros y el de un coche, los 100.

Y todo ello, antes de la subida que se avecina sobre el tributo a la vivienda en propiedad.