La investigación de la familia Botín por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental apenas es la punta del iceberg. Detrás están los 659 titulares de cuentas secretas en Suiza, que fueron robadas y entregadas al Estado español por un empleado del HSBC.
Esta información se remonta a los ejercicios 2005 a 2009, años en los que la Agencia Tributaria dejó de ingresar los intereses correspondientes al dinero que tenían oculta en el país helvético.
Al tratarse de pesonas físicas, el próximo 30 de junio se cumplen cinco años de la fecha máxima en la que estas fortunas deberían haber declarado el dinero oculto en Suiza durante el año 2005 y, por tanto, ese delito prescribe.
Consciente de los plazos, la Fiscalía Anticorrupción, que desde hace varios meses tiene en su poder la información que le remitió la Agencia Tributaria para investigar los presuntos delitos de evasión de capitales, ha empezado a denunciar ante la Audiencia Nacional todos los casos que considera constitutivos de delito.
Ahora, la Justicia tiene 15 día para imputar a todos aquelllos que considera posibles culpables. En caso contrario, prescribirá cualquier delito cometido en el año 2005, aunque serguiría abierta la causa por los correspondientes al resto de años hasta 2009.
Delitos penales
Cuando se ha evadido el pago de más de 120.000 euros en un sólo año, y por un sólo impuesto, se incurre en un delito penal, que es la vía abierta ahora por la Audiencia contra las grandes fortunas.
Aunque todavía es una incógnita cuantos titulares de cuentas suizas están siendo investigados, más allá de los hermanos Emilio y Jaime Botín, junto a los cinco hijos que tiene cada uno; fuentes tributarias aseguran que unas 300 fortunas han llegado a acuerdos con Hacienda para regularizar su situación.
Esto significa que casi la mitad de los titulares de cuentas destapados han preferido negociar con el fisco antes que correr el riesgo de ir a juicio y ver su nombre en los papeles, como le ha ocurrido ahora a la familia Botín.
El problema es que la saga cántabra asegura haber regularizado su situación tras el pago de 200 millones de euros el año pasado.
El auto de la Audiencia Nacional reconoce que la familia Botín aceptó regularizar su situación, pero justifica la apertura de diligencias en la necesidad de ganar tiempo para comprobar que se a devuelto todo el dinero, ya que el próximo 30 de junio prescribirían los presuntos delitos correspondientes al año 2005.
Según detalló el ex secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, la Agencia Tributaria ingresó 260 millones por las regularizaciones voluntarias de titulares de las cuentas suizas del HSBC.
Esta cantidad se reparte entre las 300 grandes fortunas que aceptaron pasar por la ventanilla de Hacienda, lo que significa que cada una devolvió algo más de 860.000 euros, cifra muy superior a los 120.000 necesarios para cometer un delito penal.
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