Los hispabonos llegan al rescate para cubrir 13.000 millones de deuda regional

Los consejeros de Hacienda de las autonomías no paran de mirar hacia el horizonte. Esperan que aparezca el Séptimo de Caballería a salvarles de la quiebra. El presidente catalán, Artur Mas, incluso llamó a corneta el pasado viernes cuando pidió la ayuda urgente del Estado para pagar su deuda.

Pero los refuerzos se lo están tomando con calma. El Gobierno se ha comprometido ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (que es el órgano que reúne a Estado y autonomías en materia económica) que la nueva vía de financiación se aprobaría en junio.

Y así será. En dos días, que es lo que tardará en llegar el sexto mes del año, el Consejo de Ministros aprobará con casi toda seguridad los denominados hispabonos (aunque Moncloa rehúye de usar ese nombre). Justo a tiempo para cubrir los vencimientos de deuda regionales de la segunda mitad del año.

Según se puede recoger de los planes de saneamiento que presentaron las comunidades al Ministerio hace escasos días, el volumen de pagos pendientes que acumulan las regiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre asciende a unos 13.000 millones (de un total de 2012 de hasta 30.000 millones).

Es decir, que necesitan ingresar ese dinero extraordinario para no caer en el tan temido impago. Las más necesitadas de recursos son Cataluña (de ahí las urgencias de Artur Mas) y Comunidad Valenciana, con unos 4.000 y 3.000 millones respectivamente.

La cifra global se complementa con tres consideraciones: 1), que sólo dos autonomías acaparan la mitad de los vencimientos pendientes; 2) que que la urgencia catalana es más acuciante, toda vez que debe tener pagados otros 2.854 antes de que termine junio incluso; y 3) que los valencianos respirarán tranquilos hasta diciembre, cuando deberían tener listos 2.595 millones de una tacada mensual.

¿Y qué son los hispabonos? Nadie lo sabe con certeza aún. El secretario de Estado de Administración Pública, Antonio Beteta, dijo recientemente en ABC que se busca una fórmula por la que el Estado avale la emisión de deuda de las autonomías.

También ha dejado claro que se estudiaría "caso por caso" y que se aplicaría todo el rigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es como decir que la amenaza de intervención gana peso en la ecuación.

En cualquier caso, quien está redactando el sistema definitivo es el Ministerio de Economía de Luis de Guindos. De él depende el Tesoro Público, organismo que se encargaría de las emisiones y que ya ha respaldado desde 2008 varias emisiones avaladas destinadas a entidades financieras.

Según informa EFE, Economía baraja incluso la creación de una agencia específicamente dedicada a la emisión de hispabonos.

Esta opción implicaría que la nueva entidad tendría que recibir la calificación de las agencias evaluadoras del riesgo crediticio, lo que supone una desventaja frente a la opción de que sea el propio Tesoro Público el que se encargue de esas emisiones, en cuyo caso tendrían la misma calificación que España.

La mayoría de las comunidades autónomas han pedido una y otra vez que se aplique ya. Lo que sea, pero que sea pronto.

No es para menos. El propio ministro fue quien expuso otra de las cifras que explica la puesta en marcha de los hispabonos: el ahorro en el interés que se tendría que ofrecer a los inversores para que comprasen deuda autonómica. Guindos calcula que se salvarían unos 1.000 millones.

Este volumen no sólo recoge lo que podría ahorrarse este año, sino en el futuro. Un par de ejemplos cercanos: la Comunidad Valenciana tuvo que ofrecer un 7% a principios de mes en su última colocación y Cataluña, en una emisión de bono a un año, hasta un 4,5%, un punto y medio más que la media nacional.

Con un mecanismo nacional, se pagaría más que la media habitual del Tesoro (un 5% en la oferta a medio plazo), pero menos que ese 7% terrible que tuvo que poner encima de la mesa Valencia. Con los 13.000 millones que faltan en vencimientos en 2012, el ahorro de un punto porcentual es de 130 millones.

Pero el ahorro es siempre una consecuencia. Las autonomías lo que necesitan son 13.000 millones y lo necesitan cuando antes.