El Consejo de Ministros aprueba la normativa que puede salvar a Alfredo Sáenz

Se le esperaba en las últimas semanas y, al final ha llegado. El Real Decreto de honorabilidad, experiencia y buen gobierno de las entidades financieras ha recibido hoy el visto bueno del Consejo de Ministros.

Esta normativa se ha hecho famosa porque está considerada como el salvavidas que puede impedir la inhabilitación de Alfredo Sáenz, consejero delegado de Santander, que hace un mes vio como el Tribunal Supremo desestimaba parcialmente el indulto que le concedió el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta decisión conllevaba, según fuentes del alto tribunal, que el prestigioso banquero se viera obligado a tener que dejar las riendas de la primera entidad del país, ya que la normativa actual impide ocupar un puesto como el de Sáenz a quienes, "en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos".

Sin embargo, el Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno confiere al Banco de España mayor discrecionalidad para decidir sobre la inhabilitación de Sáenz.

En concreto, la nueva normativa señala que "en materia de honorabilidad, el supervisor valorará la trayectoria profesional, las condenas por delitos dolosos y la existencia de investigaciones fundadas en relación con delitos económicos".

Pero sigue, "respecto de la consideración de delitos dolosos, el Banco de España podrá recabar la opinión de una comisión de expertos creada al efecto".

Nuevo requisitos

Aunque la nueva normativa del sistema financiero se ha hecho famosa por el caso de Alfredo Sáenz, el Gobierno la justifica porque se trata de la adaptación de la legislación española a los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Éstos, además de modificar los criterios de honorabilidad, también modifican aspectos como la formación y experiencia de los profesionales de la banca.

Por lo que afecta a los requisitos de experiencia, "se valorará no solo la trayectoria profesional, sino también la formación de carácter teórico, en particular en las áreas de banca y servicios financieros".

Esta evaluación alcanzará a todo el consejo y tendrá en cuenta el diferente perfil de sus componentes, lo que evitará que se repitan testimonios como los esgrimidos por los exadministradores de Bankia, que han alegado en el proceso judicial de la entidad que carecían de la formación necesaria para entender lo que estaba ocurriendo en el banco.

En materia de buen gobierno, además de tenerse en cuenta los conflictos de interés derivados de vínculos entre personas físicas o jurídicas, también se juzgarán "los puestos pasados o presentes, las relaciones personales y económicas con otros miembros del consejo o el hecho de que un administrador no pueda dedicar suficiente tiempo a sus funciones".

Las entidades dispondrán de un plazo de seis meses para sustituir a los consejeros o directivos cuyo perfil incumple la nueva normativa.