No hay más atajos. Ha llegado la hora de aceptar la realidad. Y ésta pasa por admitir que los activos inmobiliarios españoles valen mucho menos de lo que ha querido aceptar la banca, el Gobierno, y los propios ciudadanos, hasta ahora.
El primero en abrir el melón ha sido el propio Gobierno, al endurecer en la reforma financiera que prevé presentar el próximo viernes las provisiones que deben hacer las entidades de sus suelos, inmuebles y créditos ligados al ladrillo.
Ésta se resumen en tener que reconocer una pérdida de entre 20.000 y 40.000 millones adicionales a los 54.000 ya exigidos.
La fuentes consultadas por lainformacion.com aseguran que las nuevas provisiones se irán a la parte alta de la horquilla, lo que hará que al final de todo el proceso, las entidades tengan que reconocer que sus activos inmobiliarios valen un 50% menos del precio al que los tenían registrados.
Para amortiguar el golpe, el Gobierno quiere traspasar a una sociedad inmobiliaria de nueva creación, más conocida como banco malo, todos estos activos tóxicos, y vendersela a inversores extranjeros.
Un nutrido grupo de fondos buitres han mostrado su interés por participar en este vehículo, eso sí, a cambio de que el Gobierno aplique ajustes todavía mayores.
Éstos llegan hasta el 70% y pueden suponer todo un revulsivo para el sector inmobiliario español, porque todo este recorte se trasladará al mercado, lastrando a la baja el precio de los inmuebles.
Ayudas públicas y modelo alemán
En la última reforma financiera, la primera de la era Guindos, se concedió un plazo de dos años a las entidades para cubrir ese primer agujero de 54.000 millones. Ahora, al dispararlo hasta cerca de 100.000 millones, al imponer nuevas provisiones, se está abocando a la quiebra a muchas entidades, que carecen del capital necesario para hacer frente a estas nuevas exigencias.
Por eso, el Estado busca que los inversores extranjeros entren en el banco malo y, con ese dinero, aporten a las entidades un colchón para afrontar todas estas pérdidas.
"Salvo Santander, BBVA y La Caixa, el resto del sector no tiene capacidad para afrontar estas nuevas provisiones y, además, tener que adelantar diez años la dotación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)", señalan desde un banco mediano.
Y es que al problema inmobiliario se suma que la hucha utilizada para vender los bancos intervenidos y garantizar nuestros ahorros ha quedado vacía.
Para rellenar el FGD, el Gobierno quiere que las entiddes adelanten a este ejercicio las cantidades que debían ir aportando durante la próxima década. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Y todavía peor, ¿cómo van a hacerlo cuando se les van a ir todos los recursos en las provisiones inmobiliarias?
Consciente de este problema, el Gobierno está barajando implantar el denominado modelo alemán, que consiste en adelantar, vía crédito, las aportaciones de los próximos diez años; pero teniéndose que apuntar en las cuentas sólo las correspondientes a cada ejercicio, para evitar hacer otro roto.
Sin embargo, son muchas las voces del sector que aseguran que un nutrido grupo de entidades no podrán llegar a los nuevos requisitos sin ayuda pública, haya modelo alemán o no.
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