La juez que investiga la fortuna oculta de Jordi Pujol ha imputado al expresidente de la Generalitat, su esposa y tres de sus hijos por indicios de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, al considerar "sospechoso" que sus fondos provengan de una herencia de más de 30 años atrás sin documentar.
La titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona cita solo a la esposa y tres de los hijos de Pujol porque fueron quienes en julio pasado regularizaron los fondos procedentes de Andorra a través del Banco de Madrid y al expresidente catalán dado que en su carta de confesión se hizo responsable de esa fortuna oculta.
Para la magistrada, "la ocultación de un patrimonio en el extranjero, aun sin conocer su importe, titularidad, origen o gestión lleva a pensar en la comisión de un delito contra la hacienda pública (...) e incluso de blanqueo de capitales si no puede esclarecerse el origen de esos fondos".
La juez cree que de momento no se puede vincular la fortuna de los Pujol a comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública de la Generalitat, pero apunta que "no deja de ser sospechoso el hecho de que los fondos provengan de una herencia de más de treinta años atrás sobre la que no se aporta ninguna documentación (...)".Citados a declarar el 27 de enero
El juzgado de Instrucción 31 de Barcelona ha citado a declarar como imputados el día 27 de enero al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol (CiU), a su esposa, Marta Ferrusola, y a tres hijos de ambos, Marta, Mireia y Pere.
El juzgado de Instrucción 31 de Barcelona investiga el origen de la fortuna de los Pujol y ha citado a los cinco miembros de la familia tras recibir las declaraciones de renta y patrimonio complementarias que presentaron ante la Agencia Tributaria, en la que reconocen incrementos patrimoniales no declarados anteriormente.
En un auto, la magistrada Beatriz Balfagón los ha citado a declarar sucesivamente a partir de las 10 horas en la Ciudad de la Justicia "a fin de dar oportunidad a los imputados de ser oídos respecto de los hechos y puedan ejercitar plenamente su derecho de defensa".
Las imputaciones se han producido en el marco de la investigación abierta por la juez de Barcelona a partir de la confesión en julio del expresidente de que la familia ha tenido dinero sin regularizar en el extranjero durante tres décadas y que, según Pujol, procede de una herencia de su padre.
Para continuar con la investigación, la juez también ha ordenado librar una nueva comisión rogatoria a Andorra y ahora también otra a Liechtenstein para determinar la existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo a nombre del matrimonio Pujol Ferrusola o de sus hijos.
Y es que la juez considera que no hay otra manera de obtener estos datos ya que "no es de esperar que la información sea facilitada por los propios imputados", justifica en el auto.
La primera comisión rogatoria que la juez enviada a Andorra fue devuelta porque las autoridades del Principado consideraron que la magistrada de Barcelona no había aportado suficientes datos para que pudieran ofrecerle esta información.Desiste de la comisión a Suiza
Ahora, "cumpliendo en lo posible las especificaciones solicitadas por las autoridades competentes" de Andorra, la juez ha vuelto a pedirla, pero ha desistido de la que había solicitado a Suiza -- que también había sido denegada-- al considerar que no puede cumplimentar las exigencias de las autoridades de este país para que se pueda librar.
Concretamente, la juez reconoce, en referencia a la comisión de Suiza, que no puede hacer constar de momento datos sobre la fecha, lugar, personas implicadas, el modo operativo de los hechos presuntamente delictivos en cuando al blanqueo de capitales, ni tampoco sobre la conexión que pudiera haber con el país helvético.
Además de la de Andorra, la juez pide en el mismo auto otra comisión rogatoria a Liechtenstein después de que la Interpol pusiese de manifiesto la existencia de un procedimiento penal abierto por la Princely Court of Justice contra el expresidente de la Generalitat por sospechas de blanqueo.Herencia sospechosa
"No deja de resultar sospechoso", valora la magistrada del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, en un auto en el que admite la personación como acusación popular en la causa de PxC, el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez,
UPyD, Guanyem Barcelona e ICV, que se unen al sindicato Manos Limpias que presentó la primera querella a partir de la que se abrieron diligencias.
Pujol aseguró que este dinero ubicado en el extranjero es herencia de su padre, Florenci Pujol, que murió en 1980, y que se lo dejó a su nuera Marta Ferrusola y los hijos del matrimonio, siendo gestionado por una tercera persona mientras los vástagos eran menores de edad; el expresidente no concretó ni el país en el que estaban, ni a qué hijos se la dejó ni quién era esa tercera persona.
Marta Ferrusola y sus hijos Mireia, Marta y Pere --los cuatro ahora imputados junto a Jordi Pujol-- regularizaron en julio fondos procedentes de Andorra"en cantidades superiores a los 120.000 euros", recuerda la juez.
"Estos hechos por sí mismos resultan sospechosos de infracción penal por cuanto la ocultación de un patrimonio en el extranjero, aun sin conocer el importe, titularidad, origen o gestión del mismo, lleva a pensar en la comisión de un delito contra la Hacienda Pública", razona la juez.
Por eso añade que ahora debe comprobarse si esta regularización se hizo correctamente e investigar incluso si podría tratarse de un delito de blanqueo de capitales "si no puede esclarecerse el origen de dichos fondos".
Pero cree que, de momento, no se puede concluir que los fondos provengan "del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios por parte de la Generalitat", como sí acusaban algunas de las querellas presentadas, y por eso solo ha admitido a trámite la parte de las mismas que se dirigen contra estos cinco miembros de la familia ahora imputados, y solo en cuanto a la supuesta herencia.Acusación popular
La juez ha rechazado de momento la personación del PSOE hasta que no formalice su petición en el juzgado, ya que únicamente presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado; lo mismo con la de C's, en la que "no consta si quiera que haya solicitado su personación como acusación popular".
La juez también ve conveniente que las partes personadas actúen con el mismo abogado por varios motivos: ninguno de ellas es perjudicada, se prevé que haya más querellas en el futuro, los hechos que relatan son coincidentes y solicitan las mismas diligencias.
La juez intenta que sólo con una dirección letrada de la acusación popular haya mayor celeridad en la causa, se eviten dilaciones indebidas "y el riesgo de perderse en meros trámites".
La magistrada da a las partes 15 días para que se pongan de acuerdo para designar a un abogado, de lo contrario designará al de Manos Limpias, por ser el primero en presentar la querella.
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