El 'caso Coslada' se queda sin acusaciones particulares ni populares. Así lo ha decidido la titular del Juzgado número 21 de Madrid, Teresa Abad Arranz, que instruye la causa, después del recurso interpuesto por tres policías, entre ellos el exjefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez Buendía, contra la personación en el proceso del Ayuntamiento de Coslada.
La juez entiende en su auto firmado el pasado 11 de marzo que el consistorio no tiene "legitimación" para personarse del mismo modo que tampoco la tenía la Comunidad de Madrid, que ya fue expulsada del procedimiento el pasado 27 de noviembre por auto de la Audiencia Provincial. El alto tribunal utilizó entonces el mismo argumento que la magistrada del Juzgado 21 pone ahora sobre la mesa.
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Según el último escrito de Teresa Abad, al igual que ocurría con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Coslada es una institución pública y por lo tanto no cabe su personación como acusación popular, ya que para eso está el Ministerio Fiscal, para velar por "la defensa de los intereses públicos y generales". "Los derechos del acusado podrían verse seriamente afectados al deber defenderse frente a dos entidades públicas", afirma la magistrada en "coherencia interna" con los argumentos que dio la Audiencia Provincial en su auto del 27 de noviembre.
La instructora rechaza también la personación del consistorio como acusación particular al entender que no puede constatarse que sea una "víctima o perjudicado por la presunta acción delictiva de los imputados". Es más, advierte la magistrada, el Ayuntamiento "incluso" podría "ser responsable civil subsidiario".
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El auto de la Audiencia Provincial que ordenó la salida de la Comunidad de Madrid fue redactado el pasado noviembre en respuesta al recurso interpuesto por dos policías imputados en la causa. El que ha emitido la instructora Teresa Abad ahora hace referencia a otra apelación planteada por otros tres policías distintos, dos que siguen imputados (entre ellos, Jiménez Buendía) y otro que fue recientemente liberado de toda acusación.
El pasado febrero, la juez transformó la instrucción en procedimiento abreviado y el caso se encuentra ahora a la espera de que la Fiscalía formule su escrito de acusación. En ese mismo auto de febrero, la instructora también archivó la causa para 19 de los 25 policías imputados, con lo que únicamente se sigue adelante contra seis funcionarios.
Como consecuencia de este levantamiento de imputaciones, el Ayuntamiento de Coslada ha tenido que abonar más de 200.000 euros a los policías liberados(primero a una tanda de 11 y luego a los ocho que se les sumaron como consecuencia del citado auto de febrero) en concepto del sueldo que durante meses les retuvo y de los intereses que conllevaba esa decisión.
La instrucción del caso Coslada ha durado casi seis años, desde que la abriera el magistrado Eduardo Cruz Torres en mayo de 2008 como consecuencia de una operación dirigida por agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía. En este largo, hasta diez jueces se han hecho cargo del proceso en distintos momentos.
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