El borrador de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que será debatido mañana en la Comisión de Secretarios de Estado del Congreso de los Diputados y el viernes previsiblemente aprobado por el Consejo de Ministros, contempla sanciones para cualquier ciudadano que incurra en una "falta de respeto o de consideración" hacia los policías cuando éstos estén desempeñando sus funciones.
La norma, que el Gobierno se marcó como prioridad el pasado septiembre, incrementa la protección sobre los funcionarios responsables del mantenimiento del orden público y de la seguridad ciudadana. De ahí que penalice, además de la falta de respeto mencionada, cualquier negativa a identificarse a requerimiento de los agentes. Las amenazas, las coacciones, las injurias o las vejaciones contra miembros de las fuerzas de seguridad que se produzcan durante una manifestación o concentración, por ejemplo, tendrán una pena de hasta 30.000 euros.
[Te interesa leer: La Policía investiga si miembros del 15-M acosan a los antidisturbios que acuden a los juicios imputados]
De hecho, en este plano se enmarca la investigación abierta por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, relativa a posibles acosos por parte de miembros del 15M contra funcionarios sometidos a procesos judiciales, que se ha abierto tras la denuncia de los propios agentes que aseguran haber sido víctimas de estos hostigamientos durante las vistas orales que se celebran en los tribunales. Estas prácticas podrían ser fácilmente sancionadas desde la aprobación de la norma, que cumple las expectativas de la mayoría de sindicatos policiales.
En la misma línea, la reforma legislativa castigará el uso de imágenes o datos personales de los policías o de sus familias, otro aspecto que preocupa mucho a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En este caso, las multas oscilarán entre los 30.000 y los 600.000 euros.
[Te interesa leer: Cifuentes recuerda a los antidisturbios que deben llevar la identificación visible]
Asimismo, una vez que esté aprobada por las Cortes, la nueva Ley Corcuera también penalizará la utilización de dispositivos luminosos sobre el personal de las fuerzas de seguridad con el fin de impedir o dificultar sus funciones y también lo que el borrador denomina la "solicitud abusiva" de la actuación de la Policía o la Guardia Civil; es decir, realizar llamadas insistentemente a las fuerzas de seguridad después de que quedara acreditado que no era necesaria su intervención.
Por otro lado, la futura ley castigará la negativa a colaborar con la autoridad policial en el desarrollo de una investigación o en la prevención de acciones que puedan suponer un riesgo para los ciudadanos. Las sanciones por todas estas faltas, que van desde leves a muy graves, oscilarán entre los 1.000 y los 600.000 euros.
[Te interesa leer: Los antidisturbios reciben los primeros cascos con cámara integrada]
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios