El Gobierno sólo compensará en 2013 la pérdida de poder adquisitivo de aquellos pensionistas que tengan unas percepciones inferiores a 1.000 euros mensuales.
No habrá paga extra en enero para compensar el deterioro en el poder de compra de los pensionistas puesto de manifiesto por la desviación entre el IPC de noviembre, según el dato avanzado de hoy un 2,9%, y la subida del 1% recogida en los Presupuestos de 2012.
Y tampoco habrá compensación en la nómina del próximo año, como también hubiera procedido hacer según la Ley de Seguridad Social.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha argumentado que en un contexto de consolidación fiscal es complicado hacer frente al compromiso de revalorizar el conjunto de los cerca de nueve millones de pensiones que paga mensualmente la Seguridad Social.
Una revalorización que según el avance del dato de IPC conocido hoy hubiera tenido un coste global de 3.800 millones de euros para las arcas del Estado, a repartir entre los presupuestos de 2012 y 2013.
Bajo esta premisa, el Ejecutivo ha tomado la decisión de mantener la subida general del 1% en 2013 prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pese a la desviación de 1,9 puntos respecto del incremento del coste de la vida revelada hoy por el avance de IPC publicado por el INE.
El Gobierno sí compensará esa desviación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas que perciban una nómina más baja, aquellos con una pensión mensual igual o inferior a 1.000 euros.
Según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, esta actualización beneficiará a más de seis millones de pensionistas, sobre los nueve millones de españoles que perciben una pensión pública.
El coste de esta revalorización parcial ascenderá a 1.513 millones de euros, que se cargarán en exclusiva al ejercicio presupuestario de 2013.
De este modo, las arcas del Estado se ahorrarán una cuantía global de 2.300 millones de euros y, sobre todo, eludirán el pago de los 1.900 millones que tendrían que haber sido absorbidos por las cuentas de este año y que estaban en el origen de los desvelos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Momento de romper la hucha
El Consejo de Ministros también ha aprobado dentro de ese Real Decreto de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social habilitar al Gobierno para extraer otros 4.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, y financiar así la paga extra de Navidad de los pensionistas españoles.
Fátima Báñez ha explicado que este mes de diciembre la Seguridad Social tenía que hacer frente a un fuerte desembolso de 15.000 millones de euros para abonar tanto la nómina de diciembre como la paga extra de Navidad.
Ese desembolso iba a originar "fuertes tensiones de Tesorería" a la Seguridad Social, que el Gobierno ha decidido afrontar tirando de la hucha de las pensiones, que a día de hoy cuenta con 66.000 millones de euros de los ahorros generados en los años felices del superávit.
En previsión de que esas tensiones permanezcan en el futuro más inmediato, el Gobierno ha creado un periodo transitorio hasta 2015 durante el cual se podrán extraer los recursos del Fondo de Reserva sin límite de cuantía.
La decisión supone modificar la normativa del Fondo de Reserva. Ésta restringía a un 3% de su dotación global la cuantía anual que se podía extraer de la hucha de las pensiones para atender las necesidades del sistema público.
El pasado 27 de septiembre, el Gobierno ya había agotado ese margen al extraer los 3.063 millones de euros que le permitiía la ley para hacer frente al gasto extra que se ha ido poniendo de manifiesto en la nómina de prestaciones contributivas en el transcurso del año.
Antes, en junio, el Gobierno ya había utilizado 4.000 millones del excedente del fondos de las mutuas para financiar, en parte, el pago de la paga extra de junio.
La evolución de la nómina de las pensiones contributivas durante este año venía mostrando un crecimiento un 60% superior al previsto, que auguraba que necesitaría unos 2.000 millones de euros más de los presupuestados para hacer frente al pago de las pensiones.
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