"La UE, el mayor bloque comercial, tiene un papel clave que jugar para garantizar el respeto por los Derechos Humanos y ambientales. Pedimos regulaciones vinculantes que obliguen a las multinacionales a respetar estos derechos", ha resumido la eurodiputada ponente del texto, la socialista belga Maria Arena, tras la votación, dejando claro que todas las compañías internacionales, "operen donde operen", deben cumplir estos estándares y respetar las obligaciones de diligencia debida.
En el texto, los eurodiputados también reclaman un etiquetado de productos que permita atestiguar "el impacto social de la producción" y plantean que la Comisión Europea estudie extender las medidas de diligencia debida en las cadenas de suministro similares a las introducidas para impedir el comercio de 'minerales de sangre' o de madera ilegal.
Asimismo, plantean el desarrollar una estrategia de la UE para proteger a los informantes de casos de explotación laboral forzosa y de tráfico.
Los eurodiputados reclaman que el comercio sea más justo y contribuya a impedir la explotación laboral en los países más pobres en un momento en el marco de la reflexión en marcha para modernizar la política comercial europea para ayudar a impedir tragedias como el colapso de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh en 2013.
Según los datos de la Eurocámara, unas 21 millones de personas son víctimas de la explotación laboral en todo el mundo, que genera unos 150.000 millones de dólares al año en beneficios ilegales.
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