San Sebastián, 14 oct.- La Audiencia de Gipuzkoa ha confirmado hoy el archivo de la causa económica del caso Egunkaria, al rechazar el recurso interpuesto por la Fiscalía contra esta decisión adoptada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián.
El Ministerio Público solicitó el pasado mes de junio a la Audiencia guipuzcoana que revocara el auto que archivó la causa económica de este procedimiento al entender que no había prescrito.
El recurso estaba sustentado en razones técnicas y de forma, por lo que no entraba en el fondo del asunto, como tampoco lo hizo el auto del Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián cuando lo archivó ese mismo mes por considerarlo prescrito.
El asunto se remonta a abril de 2010, cuando la Audiencia Nacional absolvió a cinco directivos de este diario en euskera que habían sido acusados de pertenencia a ETA en un proceso que supuso la clausura del periódico en 2003.
Tras esta absolución, quedó pendiente de enjuiciar la parte del caso relativa al entramado económico de Egunkaria que se había desglosado del sumario principal, si bien la Audiencia Nacional decidió inhibirse en favor del Juzgado de lo Penal Número 3 de San Sebastián, al considerar "evidentísimo" que no era competente para enjuiciar defraudaciones fiscales una vez que los directivos del periódico habían sido absueltos de terrorismo.
En el procedimiento económico, que se ha seguido en San Sebastián, se encontraban procesados ocho miembros del Consejo de Administración de Egunkaria, tres de los cuales formaban parte del grupo de cinco directivos que fueron absueltos por la Audiencia Nacional.
El auto del Juzgado de lo Penal 3 ahora ratificado de forma firme por la Audiencia de Gipuzkoa, sin que haya posibilidad de presentar un nuevo recurso, declaraba "extinguida la responsabilidad criminal" de Juan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi, Iñaki Uria, Jose Mari Sors, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzu, Fernando Furundarena y Ainhoa Albisu de los delitos que se les imputaba.
En este documento, ahora confirmado, la juez consideró prescritos tanto los delitos de fraude de subvenciones públicas en la modalidad de falseamiento de las condiciones requeridas para su concesión, correspondientes a los años 1998, 1999, 2000 y 2001, que se les imputaban, así como los de falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales en los mismos ejercicios, una vez transcurridos más de cinco años.
La Fiscalía solicitaba para los procesados en esta causa penas de entre 13 y 26 años de cárcel y multas de entre 21 y 33 millones de euros.
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