Un tribunal ordena que seis activistas detenidos, entre ellos la directora de AI, permanezcan bajo custodia


MADRID|

Un tribunal de Turquía ha ordenado este martes que seis de los diez activistas detenidos el 5 de julio, entre ellos la directora de Amnistía Internacional (AI) en el país, Idil Eser, permanezcan bajo custodia.

Así, ha fallado a favor de que continúen bajo custodia la propia Eser, Veli Acu, Gunal Kursun, Ozlem Dalkirian, Ali Ghravi --quien es ciudadano sueco-- y Peter Steudtner --quien es alemán-- por "ayudar a una organización terrorista armada".

Según las informaciones publicadas por el diario local 'Hurriyet', el tribunal ha ordenado la liberación de los otros cuatro, identificados como Mehmet Sehmus Ozbekli, Nalan Erkem, Nejat Tastan e Ilknur Ustun.

La decisión ha llegado apenas un día después de que la Fiscalía turca reclamara al tribunal que encarcele a la espera de juicio a los diez activistas, tal y como desveló el parlamentario opositor Sezgin Tanrikulu.

La redada tuvo lugar el 5 de julio, cuando los activistas --entre ellos dos extranjeros: un alemán y un sueco-- estaban reunidos en un hotel de la isla de Buyukada, al sur de Estambul, sin que aún se sepan los motivos que han propiciado estas detenciones.

Amnistía Internacional tildó lo ocurrido de "grotesco abuso de poder", resaltando que "subraya la precaria situación a la que se enfrentan los defensores de los Derechos Humanos en el país".

La semana pasada, un total de cinco ONG tildaron las detenciones de "un martillazo a la acosada sociedad civil turca", reclamado a las autoridades turcas la "liberación inmediata" de los activistas.

El documento fue firmado por el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty; el presidente de Avaaz, Ricken Patel; el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth; la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow; y la directora general de Transparencia Internacional, Robin Hodess.

El Gobierno turco ha detenido a decenas de miles de personas, entre funcionarios, periodistas, profesores y activistas, desde el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016.