La ONU pide a El Salvador que reforme la legislación del aborto

Ginebra, 28 ene.- La decisión de El Salvador de indultar a una mujer condenada por homicidio agravado por un aborto involuntario debe hacer que se derogue la legislación que penaliza el aborto en ese país, dijo hoy un grupo de expertos de la ONU.

"La decisión de indultar a Carmen Guadalupe Vásquez Aldana, tras una revisión judicial que concluyó que no se había respetado el debido proceso, revoca una sentencia terriblemente injusta y la recibimos con sumo agrado. Pero hay muchas más mujeres encarceladas por cargos similares que están en espera de una decisión que apruebe el indulto", dijeron los expertos.

"Instamos a las autoridades a derogar la legislación que penaliza el aborto en todas las circunstancias", agregó el grupo de expertos.

El comunicado lo firman Emna Aouij, residente del grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Mads Andenas, del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, y Dainius Pûras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

También Juan Ernesto Méndez, relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Rashida Manjoo, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, y Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

Guadalupe Vázquez Aldana, indultada el pasado día 21, había sido condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado tras sufrir un aborto después de haber sido violada a los 18 años.

Vásquez Aldana llevaba siete años encarcelada y es una de las 17 mujeres salvadoreñas presas por acusaciones de aborto cuyo indulto han reclamado las organizaciones civiles al Parlamento desde abril de 2014.

El Salvador prohíbe totalmente el aborto y lo criminaliza incluso cuando la vida de la madre o su salud están en peligro, así como en caso de violación o incesto, de acuerdo con una ley promulgada en 1997.

Una enmienda constitucional en 1998 estableció que la vida comienza en el momento de la concepción.

Esta definición ha llevado a que mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo sean a menudo acusadas de homicidio agravado, lo que conlleva no solo penas más severas, sino también el estigma injustificado relacionado con su situación, recuerdan los expertos.

Entre 2000 y 2011 al menos 129 mujeres salvadoreñas fueron procesadas por aborto, de las cuales 29 están encarceladas, entre ellas las 17 cuyo indulto se reclama desde abril pasado, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

"Nos gustaría reiterar nuestra preocupación respecto a los casos de las 17 mujeres que solicitaron el indulto, ya que las sanciones se han impuesto de manera desproporcionada y sin el debido proceso. Nueve de esos casos llegarán ante la Asamblea Parlamentaria el próximo mes e instamos a las autoridades competentes a que concedan el indulto", dijeron los especialistas de la ONU.

Los expertos señalaron que habían expresado previamente su preocupación al Gobierno de El Salvador con respecto a que la ley del aborto viola los derechos de las mujeres, en particular la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

"La prohibición absoluta del aborto afecta en mayor medida a las mujeres pobres. Además, los asuntos relacionados con una complicación obstétrica pueden ser considerados, de manera errónea, equivalentes al aborto", dijeron.

"El Salvador se debe garantizar el acceso al aborto seguro y legal, al menos cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer, cuando es el resultado de violación o incesto, o en casos de malformación fetal grave", concluyeron.