Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han amenazado este lunes con recurrir a sanciones para responder a ciberataques y actividades cibernéticas maliciosas y han reclamado al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que dirige la jefa de la diplomacia europea y a la Comisión Europea que desarrollen "un marco para una respuesta diplomática conjunta de la UE a actividades cibernéticas maliciosas".
"Las medidas dentro de la Política Exterior y de Seguridad Común, incluido si es necesario, sanciones restrictivas (...) son adecuadas para un marco para una respuesta diplomática conjunta de la UE a actividades cibernéticas maliciosas", han respaldado los Veintiocho en un texto de conclusiones aprobado en su reunión en Luxemburgo sobre la creciente amenaza que representan los ciberataques y las interferencias en las elecciones, como ha ocurrido en Estados Unidos y Francia, actividades atribuidas a Rusia aunque Moscú lo ha negado de plano.
"La UE está preocupada por el aumento en la capacidad y voluntad de los actores estatales y no estatales a perseguir sus objetivos con actividades cibernéticas maliciosas de diverso alcance, dimensión, duración, intensidad, complejidad, sofisticación e impacto", han reconocido, dejando claro que este tipo de actividades son "actos improcedentes según el Derecho internacional" y "una ofensa criminal según la ley de la UE", que requieren ser investigados y perseguidos.
Aunque han evitado nombrar directamente a países individuales como Rusia, los Veintiocho han avisado de que "los Estados no deben realizar o apoyar con conocimiento" actividades informáticas "contrarias a sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y no deben permitir a sabiendas que su territorio sea utilizado" para actos "improcedentes" usando las tecnologías de la información y comunicación.
Los Veintiocho consideran que una respuesta diplomática conjunta, incluidas posibles sanciones, "debe alentar la cooperación, mitigar las amenazas inmediatas y a largo plazo e incluir en el comportamiento de los agresores potenciales a largo plazo".
Aunque la atribución de ciberataques a un país o actor no estatal "sigue siendo una decisión política soberana" en base a la inteligencia y "debe establecerse de acuerdo con el Derecho Internacional", los Veintiocho dejan claro que "no todas las medidas de una respuesta diplomática conjunta de la UE a actividades cibernéticas maliciosas requiere la atribución a un estado o actor no estatal".
Los Veintiocho han reclamado al SEAE y la Comisión Europea que desarrollen "un marco para una respuesta diplomática conjunta de la UE a actividades cibernéticas maliciosas" en base a las principales directrices acordadas este lunes, entre ellas, que la respuesta conjunta se basará en un entendimiento de la situación "acordado por los Estados miembro y corresponderá a las necesidades de la situación concreta" y "teniendo en cuenta el contexto de las relaciones externas de la UE con el Estado afectado".
RESPUESTA PROPORCIONAL
En todo caso, la respuesta, prometen, será "proporcional al alcance, dimensión, duración, intensidad, complejidad, sofisticación e impacto de la ciberactividad" y respetará "el derecho internacional aplicable" al ciberespacio "y no debe violar los derechos y libertades fundamentales". Su objetivo, en última instancia, es "proteger la integridad y la seguridad de la UE, sus Estados miembro y sus ciudadanos".
Los Veintiocho aseguran además que pondrán a prueba "las prácticas preparatorias y los procedimientos de comunicación" en "ejercicios apropiados".
Los jefes de la diplomacia europea han subrayado el compromiso de la UE de resolver las disputas internacionales en el ciberespacio "con medios pacíficos" y han aclarado que los esfuerzos diplomáticos de la UE deben contribuir a "reducir el riesgo de una mala percepción, escalada y conflicto" que puedan derivar de este tipo de incidentes, toda vez que también hay "una creciente necesidad de proteger la integridad y seguridad de la UE, sus Estados miembro y sus ciudadanos contra las ciberamenazas y actividades cibernéticas maliciosas".
También han expresado su "fuerte compromiso" en apoyar el desarrollo de normas "voluntarias, no vinculantes" para regular el comportamiento "responsable" de los países en el ciberespacio, así como a las medidas acordadas por la OSCE para reducir el riesgo de conflictos.
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