Alcalde de Bogotá declara ante Consejo de Estado y dice que no cometió delito

Bogotá, 24 jul.- El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, rindió hoy declaración ante el Consejo de Estado, en donde afronta una demanda de pérdida de investidura por supuestamente haber sido condenado por un delito común en 1985, y aseguró que no hubo sentencia judicial en su contra.

Petro, un exguerrillero del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19), fue demandado por el concejal de Bogotá Orlando Parada ante el Consejo de Estado, la máxima instancia jurídica y administrativa del país, que citó al alcalde a que respondiera hoy en audiencia.

La demanda señala que Petro debe responder por haber ocupado escaños en el Congreso cuando no podía llegar al Legislativo o a cualquier cargo por elección por haber sido condenado y haber purgado prisión (La ley colombiana no acepta que aspiren al Congreso o a algún cargo público quienes hayan sido condenados penalmente).

En ese sentido, durante la audiencia de hoy, Petro, afirmó que en octubre de 1985 no fue capturado "por ser un delincuente común" y agregó que esa detención se debió a que era "jefe del M-19 en Zipaquirá" y por eso lo "llevaron al Cantón Norte (un complejo militar en el norte de Bogotá), donde ocurrieron oscuros episodios".

Aseguró que la demanda de pérdida de su investidura como congresista busca "torcer" la historia nacional y la ley.

Según la página electrónica del diario El Espectador, Petro indicó que el demandante ha buscado infructuosamente conseguir una sentencia judicial en su contra.

Recordó que su detención obedeció a delitos políticos y por hacer parte de un frustrado diálogo de paz con el Gobierno del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur, en 1985, días antes de la toma del Palacio de Justicia, perpetrado por el M-19.

El abogado de Petro, Oscar Ortiz, dijo que se está ante un proceso fantasma y sin carga de prueba por parte del demandante y que se quiere desconocer la calidad de rebelde político.

Entre tanto, el procurador delegado ante el Consejo de Estado, Hisnardo Jaimes, dijo que la demanda de pérdida de investidura contra Petro, es improcedente porque no hay ningún fallo judicial que lo condene por un delito común.

Añadió que existe un hecho de rebelión y este hecho fue amnistiado por ser un delito político y que por eso Petro no puede ser investigado nuevamente y no existe ninguna razón jurídica para que no pudiera aspirar a cargos de elección popular.

La querella fue instaurada por el concejal Orlando Parada y en ella asegura que Petro ejerció como congresista luego de haber sido condenado por el delito de porte ilegal de armas en 1985.

Ahora, el Consejo de Estado tendrá que determinar en un plazo de 60 días si decreta o no la pérdida de investidura de Petro, lo que implica la pérdida del cargo de alcalde de Bogotá.

Antes de llegar a la alcaldía bogotana, el segundo cargo más importante de Colombia, Petro fue representante a la Cámara entre el 2002 y el 2006 y senador entre el 2006 y el 2010, así como candidato presidencial en 2010.

Petro, candidato por el movimiento Progresistas, logró la Alcaldía Mayor de la capital colombiana en las elecciones municipales del 30 de octubre de 2011 y asumió el pasado primero de enero para un período de cuatro años.