Tres países se han sumado a la petición realizada el martes por Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, mientras que diez han votado en contra y cuatro se han abstenido.
La convocatoria de este cónclave de cancilleres queda ahora en manos del presidente temporal del Consejo Permanente de la OEA, el embajador boliviano Diego Pary, que el pasado 3 de abril, nada más asumir el cargo, bloqueó una iniciativa similar, aunque finalmente salió adelante con una declaración de condena a "la grave alteración inconstitucional del orden democrático" en Venezuela.
La ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió el martes de que su Gobierno ya no toleraría más "violaciones a la legalidad y a la institucionalidad" y que, si se celebraba dicha reunión, había recibido órdenes de Maduro para iniciar la retirada del país de la OEA.
La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.
El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la OEA consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.
Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Desde entonces 29 personas han muerto, entre ellas once por los saqueos, y unas 1.300 han sido detenidas.
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