Gobierno y oposición en Argentina se trenzan por pasado de nuevo jefe militar

Buenos Aires, 23 jul.- La oposición argentina pidió hoy al Gobierno el cese del nuevo jefe del Ejército, César Milani, cuyo nombramiento ratificó el Ejecutivo en medio de crecientes denuncias sobre supuestos delitos durante la última dictadura militar (1976-1983).

Parlamentarios de la Unión Cívica Radical (centro) y del Frente Amplio Progresista (izquierda) reclamaron en una rueda de prensa que el general Milani comparezca en el Senado para dar explicaciones por las denuncias en su contra.

Milani fue designado hace unas semanas al frente del Ejército por la presidenta argentina, Cristina Fernández, quien, ante las crecientes denuncias y las críticas al nombramiento, ordenó el lunes a los legisladores del gobernante Frente para la Victoria congelar hasta diciembre el tratamiento en el Senado del pliego de ascenso del militar de general de división al rango de teniente general.

El jefe de Gabinete argentino, Juan Manuel Abal Medina, confirmó hoy que, pese a este aplazamiento, Milani continuará al frente del Ejército con su actual rango militar.

Además de Milani, los legisladores de la oposición pidieron que también comparezca en el Senado el periodista Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El CELS, considerado hasta ahora un organismo próximo al Gobierno de Fernández, pidió el lunes en un documento remitido a la Cámara alta rechazar el ascenso del jefe del Ejército ante "información que vincula a Milani con hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad".

Asimismo, la oposición reclamó la comparecencia en el Senado del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, quien este martes remitió el documento del CELS a tribunales de las provincias de La Rioja y Tucumán por "expreso pedido" de la presidenta.

"El Gobierno ha estado en conocimiento de los antecedentes (de Milani)", aseguró el jefe de los diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra.

"Hay elementos suficientes para rechazar el pedido del ascenso que ha planteado la presidenta y para remover a Milani del cargo, que no puede seguir siendo jefe del Ejército", dijo por su parte el senador radical Gerardo Morales.

Ante las renovadas críticas a la designación del general, el jefe de Gabinete aseguró que todo es "un gran show mediático" montado "por algunos partidos y por algunos medios" de comunicación.

"Da un poquito de pena ajena ver a los mismos que habían llevado adelante leyes como la Obediencia Debida o el Punto Final, o habían aplaudido el indulto, o medios que permanentemente nos dicen que hay que olvidar el pasado, armando este gran show electoral sobre el tema Milani", dijo Abal Medina en declaraciones publicadas en el sitio web del Gobierno.

El jefe de Gabinete insistió en que "Milani es el jefe del Ejército" ya que "ésa es una decisión constitucional de la presidenta".

Además del CELS, otros organismos humanitarios han cuestionado el nombramiento del general de división a sospechas sobre su supuesta participación en la represión ilegal.

La polémica aumentó después de que Ramón Olivera, un ex preso político, asegurara que el nuevo jefe del Ejército participó del proceso de su detención ilegal de su padre en la provincia norteña de La Rioja, en 1977.

"Ese día, me fijé en el legajo, estaba sancionado por haberme quedado dormido. Y menos todavía trasladé al propio Olivera. (...) Todo es mentira", se defendió el jefe militar, quien se presentó el pasado jueves ante un tribunal de la Rioja para negar esa acusación.

También se le ha acusado de estar presuntamente involucrado en la desaparición del soldado Alberto Ledo, en la norteña provincia de Tucumán, en 1976, durante el régimen militar.

Según el diario Página/12, Milani admitió que él fue quien firmó en la vecina provincia de La Rioja un expediente que declaró en deserción al soldado.

"Éramos cuatro subtenientes y nos tocaban los expedientes por azar para la firma'", dijo Milani en declaraciones publicadas hoy por el matutino.

El jefe militar atribuye las acusaciones en su contra sobre su supuesta participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura a intentos de perjudicar al Gobierno de Cristina Fernández.