Decenas de funcionarios preguntan qué hacer si les ordenan abrir colegios el 1-O

"Hasta hace unos días las consultas eran puntuales, cinco o seis al día, pero en la recta final del proceso independentista se han multiplicado". Así explican desde el sindicato CSIF, mayoritario entre los empleados públicos, la situación que se vive en un sector del funcionariado que trabaja en Cataluña, tanto a las órdenes de la Generalitat como de la Administración central. Aseguran que en esta semana, en la que se ha anunciado la fecha y la pregunta del referéndum independentista, las peticiones de información para conocer cómo proceder en caso de recibir una orden de sus superiores se cuentan por "decenas".

En Cataluña trabajan un total 301.328 empleados públicos, según los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas correspondientes a julio de 2016. De ellos, 166.088 están adscritos a la Administración Autonómica, 25.812 a la Administración Pública Estatal, 83.168 a la local y 26.260 a las universidades. Algunos de ellos creen que la Generalitat echará mano de ellos para que la consulta anunciada para el 1 de octubre pueda celebrarse con garantías, de ahí que se hayan movilizado para preguntar cómo deben proceder.

Francisco Iglesias, vicepresidente de CSIF, explica a Lainformacion.com que existe especial preocupación entre algunos funcionarios que deben participar en la adjudicación de cuestiones relacionadas con el referéndum. Por ejemplo, aquellos que puedan recibir alguna orden relativa a la adquisición de las urnas o de las papeletas. Estos trabajadores públicos se han dirigido a la central para conocer si están obligados a acatar una orden que pueda comprometer su puesto de trabajo.

El número dos de CSIF hace referencia también a profesores y directores de colegio. Alguno se ha puesto en contacto con el sindicato para tener claro qué hacer si les ordenan abrir los centros públicos el primero de octubre. Quieren, en definitiva, protegerse para no ser separados del servicio en caso de que cometan alguna irregularidad. Algunos también han preguntado si perderán su plaza en caso de que no hablen catalán.El protocolo antiórdenes ilegales

El Gobierno central ha querido este viernes lanzar un nuevo mensaje de tranquilidad a los funcionarios que trabajan en Cataluña. El ministro portavoz Iñigo Méndez de Vigo ha afirmado que "no se les puede obligar" a poner en práctica "órdenes ilegales" y ha garantizado que el Estado "les va a proteger" porque es una "obligación" del Ejecutivo.

CSIF, por su parte, lleva unas semanas distribuyendo un protocolo de actuación con las medidas que deberían tomar aquellos funcionarios que no quieran enfrentarse a una posible sanción aparejada a la pérdida de su condición de trabajador público. Lo primero que deben hacer es, en caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, solicitar a su superior que se le haga llegar por escrito y a la mayor celeridad posible.

El funcionario, además, en caso de estimar que pueda cometer en el ejercicio de sus funciones un ilícito penal, podría acudir a una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía e interponer la correspondiente denuncia. El Gobierno asegura que tiene listos todos los resortes del Estado para actuar en caso de órdenes inconstitucionales.