"El independentismo crece, se consolida y gira a la izquierda", señala en Barcelona el analista político Josep Ramoneda, con casi dos millones de sufragios (1.957.348), un 47,74% del total. "Pero le queda todavía mucho trabajo por hacer en acumular capital electoral".
Por primera vez controlarán el parlamento regional (72 sobre 135 escaños) pero no obtuvieron una mayoría de votos. El presidente en funciones, el independentista, Artur Mas, repitió este miércoles: "Somos suficientes para tirar adelante".
"No somos tantos como hubiéramos querido pero tengo la esperanza de que estos que faltan acabarán estando", reconoció Mas, candidato de nuevo a la presidencia.
Una hoja de ruta, preparada desde hace tiempo, detalla el programa: declarar en el parlamento el inicio del proceso hacia la independencia, intentar negociarlo con el gobierno español y las instituciones europeas y preparar la administración regional para asumir las funciones de un Estado.
Todo ello para proclamar en 2017 la independencia de la región y convocar nuevas elecciones constituyentes para designar el parlamento que deberá redactar la constitución catalana.
El referéndum para aprobar esta constitución sería la ultima oportunidad de los antiindependentistas para rechazar la secesión, aunque entonces la independencia ya estaría proclamada.
Pero "no puedes proclamarte como un Estado independiente cuando la mitad de tu población es leal al Estado vecino", dice Fernando Vallespín, politólogo de la Universidad Autónoma de Madrid.
Para él, la independencia es "imposible porque no hay una mayoría sociológica en Cataluña dispuesta a dar este paso". Ramoneda también cree "de dudosa ejecución práctica" la hoja de ruta.
El primer obstáculo llegará muy pronto: la elección del presidente regional que deberá liderar este proceso. Por ley, la primera votación deberá producirse como muy tarde el 9 de noviembre y el principal candidato, Artur Mas, tiene el rechazo del independentismo más de izquierdas.
Los 62 diputados obtenidos por su coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), integrada por su partido liberal CDC y la progresista ERC, deberán entenderse con los diez de la izquierda anticapitalista CUP.
Las negociaciones están en marcha con dos condiciones de la CUP encima de la mesa: poner en marcha un plan de emergencia social e investir como presidente a una figura de consenso en vez de Mas.
Tienen de límite el 9 de enero, justo después de las elecciones legislativas de diciembre en España. Si no hay acuerdo, deberían convocarse nuevas elecciones regionales.
En caso contrario, el presidente electo formará un gobierno con liberales, progresistas y ecolocomunistas (Juntos por el Sí) que, además, deberá buscar el apoyo externo de los anticapitalistas (la CUP).
"Es un independentismo muy transversal", señala Ramoneda: "Tarde o temprano, se notarán las diferencias entre ellos y 18 meses así pueden hacer estallar este gobierno".
Por lo cual, la única solución es "un referéndum de autodeterminación" en esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes.
La hoja de ruta independentista contempla la posibilidad de pactar un referéndum vinculante y en una entrevista a la AFP, Mas se mostró dispuesto a hablarlo. Sus aliados de ERC y la CUP descartan, en principio, esa posibilidad.
Hasta ahora el referéndum fue imposible por el rechazo del gobierno español del conservador Mariano Rajoy, pero las legislativas podrían propiciar un cambio. De momento, solo la izquierda radical española aceptaría esa votación.
El resto apuestan por soluciones intermedias como una reforma constitucional para mejorar el encaje de Cataluña y convencer a esos catalanes recién convertidos al independentismo ante la falta de propuestas de Madrid.
Para Vallespín "el proceso de negociación se abrirá probablemente en serio después de las elecciones legislativas, pero los partidos españoles no entrarán a negociar sino cuando la otra parte renuncie a la independencia".
Esta podría pasar por "un reconocimiento simbólico de Cataluña como nación y un nuevo pacto fiscal" para dar mayor autonomía a esta rica región.
"Tenemos una hoja de ruta de 18 meses. Si en algún momento el gobierno español quiere dialogar y sentarnos en una mesa, nosotros iremos", avanzó Mas.
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