Las comunidades se levantan contra una rebaja de déficit a la medida de Cataluña

EFE

Las comunidades autónomas no admitirán una nueva financiación que derive en españoles de primera y de segunda, muchas desconfían de negociaciones bilaterales con el Gobierno y, en el caso catalán, consideran que "el tiempo dirá" si las demandas catalanas fueron la espita que abrió los déficit a medida.

Así lo han expresado a Efe responsables de Hacienda de los gobiernos autonómicos y, en concreto, en Castilla y León, el departamento que dirige la consejera Pilar del Olmo sostiene que "el tiempo dirá" si el debate sobre techos de déficit individualizados está relacionado con las exigencias catalanas y la petición de una política fiscal propia.

En general, las autonomías no están por reabrir un debate sobre si las negociaciones entre Gobierno y Generalitat pueden marcar las pautas del nuevo sistema, si bien algunas recuerdan que fue un requerimiento de Cataluña lo que modificó el modelo anterior.

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, ha dicho a Efe que el déficit se estudiará "con todo detalle" y no se castigará a las comunidades que han hecho mayor esfuerzo porque "no se puede penalizar al alumno que ha aprobado los exámenes".

En este marco, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han citado para este miércoles a sus consejeros de Hacienda y a los portavoces de las comunidades donde no gobiernan para cerrar la brecha abierta por este asunto.

Algunas autonomías del PP, como la Comunidad Valenciana, defienden la idoneidad de techos diferenciados y así lo ha expresado su conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, quien cree que sólo así se logrará objetivos "factibles y realizables".

También Murcia se sitúa en esta tesitura y su presidente, Ramón Luis Valcárcel, recuerda que su Comunidad siempre ha pedido que se relaje el déficit aunque "la línea roja" de su Gobierno pasa porque no se ponga en riesgo el Estado del bienestar.

Además, Murcia reclama que todo se decida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), no en reuniones bilaterales que sí defienden autonomías como el País Vasco y Navarra por entender que su regímenes aforados se lo permiten.

De líneas rojas también habla la consejería de Economía de Madrid, que subraya que en este proceso se defenderán "los intereses de los madrileños" y se vigilará que no haya discriminación.

El presidente de la comunidad, Ignacio González, ya expresó su rechazo a un sistema de concierto especial Estado-Generalitat por suponer un "mercadeo" y acabar con un sistema que sostienen, en buena parte, Madrid y Cataluña.

Mientras, el conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, insiste en que a la hora de fijar los techos de déficit se tengan en cuenta los intereses de la deuda de cada comunidad, de manera que aquellas con más problemas vean relajados sus objetivos.

La Generalitat advierte de que le sería "imposible" afrontar el ajuste de 4.700 millones este año si al final ha de confeccionar unos presupuestos con un objetivo del 0,7.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, considera que con independencia de lo que hable el Gobierno con cada territorio, "la financiación es algo transparente y claro" que se tiene que debatir en el CPFF.

En lo que sí están de acuerdo prácticamente todas las regiones es que no puede ni debe haber discriminaciones en la fijación de objetivos.

"Todas las comunidades deben de tener el mismo" recalca el consejero de Presidencia de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quien asegura que su Gobierno no apoyará medidas que deriven en "españoles de primera y de segunda".

La consejera de Castilla y León Pilar del Olmo insiste en que el nuevo modelo deberá tener en cuenta a las comunidades que han cumplido en 2012, como es el caso de su región.

Esta es una opinión compartida con Castilla-La Mancha, cuya consejera de Empleo, Carmen Casero, confía en "la sensibilidad" del Gobierno con las autonomías cumplidoras.

En la misma línea se pronuncia el presidente extremeño, José Antonio Monago, quien advierte al Gobierno de que "cualquier objetivo de déficit que beneficie a las incumplidoras será una línea roja para nosotros".

Cantabria también adelanta que, si finalmente se opta por un reparto asimétrico, exigirá "medidas contundentes" para las autonomías a las que se les permitan mayores objetivos.

Sobre el momento en que se ha adoptado esta medida, la Xunta de Galicia señala que la ley de Estabilidad consiente distintos criterios para repartir el déficit y bajo ese punto de vista el Gobierno ha considerado oportuno abrir el debate.

"No nos negamos a abrir el debate pero siempre defenderemos los intereses de Galicia" subrayan.

Mientras, Baleares lamenta que el esfuerzo no sea igual en todas las comunidades y recuerda que las islas fueron la segunda autonomía con mayor ajuste presupuestario.

Autonomías de otro color como Canarias, gobernada por CC, creen que el debate se reabre por "la incapacidad" del Estado y algunas comunidades de adoptar medidas para ajustarse al objetivo de estabilidad.

En Andalucía, el portavoz parlamentario del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, advierte de que su partido se opondrá a que se destine "ni un céntimo de los andaluces" a "acallar las reivindicaciones independentistas" de Cataluña.

Asturias, la otra comunidad socialista, dice confiar en una "política financiera responsable" y advierte de que no consentirá que se ponga "el contador a cero" penalizando a las autonomías cumplidoras.