Izquierda Unida-Equo, a través de sendas Proposiones No de Ley en el Congreso y las Cortes de Castilla y León, ha instado al Gobierno del Partido Popular a tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, la más antigua de España, que opera desde 1970 hasta su parada parcial en 2012 y con un viejo reactor fabricado por General Electric, similar a la de la accidenta central japonesa de Fukushima.
IU e IUCyL-Equo han puesto en marcha ambas iniciativas tras conocer que el Pleno del CSN ha aprobado un dictamen favorable a la apertura de esta planta nuclear burgalesa con el voto favorable de cuatro de sus consejeros, tres a propuesta del PP y una del PSOE.
Esta polémica decisión del CSN sienta un precedente histórico en el Estado español, primero porque se avala que una central nuclear opere más allá de los 40 años de vida y, segundo, porque desliga la autorización para operar de la obligación de revisión integral de la seguridad de toda la instalación, que se debía realizar cada 10 años. El aval dado ahora es de 14 años y llega hasta 2031.
Por estas y otras razones, las iniciativas registrada por Sarrión y Garzón reclaman al Gobierno de Mariano Rajoy que, a partir de que dé el visto bueno definitivo a la decisión de hoy del CSN, "asuma la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña".
La Proposición No de Ley plantea también que el Congreso de los Diputados inste al Ejecutivo del PP a "elaborar un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear".
Además, busca que el Gobierno central coordine "con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares, cofinanciados por los Presupuestos Generales del Estado y las empresas propietarias de las centrales nucleares".
Garzón tacha de "inaceptable" la maniobra orquestada por las empresas propietarias de las centrales nucleares para "alargar la vida productiva de sus instalaciones".
De igual forma, el máximo responsable de IU constata que el Consejo de Seguridad Nuclear "organismo que tiene como fin primordial velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente, se haya puesto del lado de los intereses mercantiles de las empresas y esté dispuesto a facilitar que centrales obsoletas, como la de Garoña y las próximas a agotar los 40 años autorizados, como Almaraz, sigan funcionando para producir energía eléctrica y aumentar así los beneficios de las grandes compañías del sector".
UN CSN "CONTROLADO" POR EL PP
Izquierda Unida denuncia también, y así lo plasma en su completa iniciativa, que la actual composición del CSN "no refleja la conformación del Parlamento y de la sociedad española a día de hoy, porque está controlado por el PP, con apoyos puntuales del PSOE, y se muestra en cada decisión al servicio de los intereses económicos de las empresas propietarias".
Su objetivo, a juicio de IU-EQUO, es facilitar que, además de Garoña, las centrales nucleares activas (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellos II) puedan seguir activas más allá de los 40 años de vida útil permitida hasta ahora. Las centrales se construyeron pensando en una vida útil de 25 años, que ya fue prorrogada en su momento a 40 y ahora se pretende extender a los 60 años.
De igual forma, tanto Alberto Garzón como José Sarrión, portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, coinciden en advertir de que "añadido a las importantes deficiencias que tiene Garoña está que el cementerio nuclear temporal con que cuenta toda central ya está saturado, al estar dimensionado para 40 años de vida útil. Ello obligaría a construir otro cementerio nuclear en la propia central".
"Por todo ello, esta central carece de viabilidad alguna por mucho que lo pretendan el CSN y el Gobierno del PP. Lleva años cerrada y no se ha conocido problema alguno en el suministro eléctrico en la zona que abastece, por lo que la necesidad técnica de su suministro es totalmente irreal, salvo la del negocio para sus propietarios a costa de la seguridad de los habitantes de la zona, de las provincias limítrofes y del claro riesgo para el medio ambiente", denuncian los parlamentarios de IU en un día "tristemente histórico" como el de hoy para la defensa de los derechos de la ciudadanía frente al peligro nuclear.
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