Los alcaldes de Valladolid y Tarrasa han hecho pública este viernes la que han denominado como 'Declaración de Valladolid' en la que se han aliado por la defensa de la autonomía local y el derecho de los consistorios a remunicipalizar servicios públicos básicos.
El texto, suscrito por ambos municipios, está abierto a la incorporación de otras localidades bajo el "espejo" del modelo de gestión municipal de París, tal como ha explicado el regidor de Tarrasa, Jordi Ballart, quien ha citado también otras ciudades que han impulsado "con éxito" procesos similares como Montpellier, Grenoble, Burdeos, Berlín, Stuttgart, Génova o Budapest.
Por su parte, el primer edil vallisoletano, Óscar Puente, ha lamentado los "palos en la rueda" que se están encontrando en este proceso, con el caso concreto de su ciudad en la remunicipalización del agua, algo que "no debería ser así" por tratarse de decisiones "democráticas" adoptadas por mayoría de los representantes de la ciudadanía.
Así, ha rechazado las "injerencias" de grupos de presión o 'lobbies' y ha advertido a las empresas de que resulta "inadmisible" que sobrepasen la línea del respeto a la autonomía municipal, tras lo cual ha defendido el diálogo con las mismas y el fomento de su actividad en las ciudades como generadoras de empleo.
En este sentido, ha reconocido sus dudas iniciales sobre el modelo óptimo de gestión del agua, que podía pasar incluso por una sociedad mixta. Sin embargo, la actitud mostrada por Aguas de Valladolid le ha demostrado que "tenían razón quienes defendían la administración pública del servicio".
Asimismo, Óscar Puente ha cargado contra la disposición adicional incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "impide a los ayuntamientos invertir su superávit" y ha criticado este "intento intolerable de tutela a los municipios", a la vez que ha recordado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que los consistorios "no son los hijos menores del Gobierno", pues "ya son mayores".
"SOLIDARIDAD" ENTRE MUNICIPIOS
Por ello, ha justificado esta declaración como una muestra de "solidaridad" entre municipios en defensa de sus "decisiones democráticas" que ha nacido de los dos de mayor tamaño que ya han iniciado en España procesos de remunicipalización del agua.
Entre tanto, Jordi Ballart se ha sumado a la condena a la "actitud obstruccionista" de las empresas concesionarias y las "trabas" del Gobierno para "garantizar negocios muy lucrativos a costa de los ciudadanos".
De esta forma, ambas ciudades se comprometen con la defensa de la autonomía municipal y la capacidad de los municipios para buscar la "mejor opción" en la gestión de los servicios, al tiempo que subrayan que el agua "no es un negocio" sino "un derecho" y reclaman la retirada de las disposiciones en la Ley de Contratos y los PGE que limitan las competencias de los ayuntamientos.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Puente ha advertido de que las "maniobras de Montoro" no tienen impacto en Valladolid, ya que la remunicipalización del agua se aprobó a finales del pasado año y los Presupuestos, como el resto de normas, "no tienen carácter retroactivo".
Asimismo, ha recordado que "ya dos juzgados distintos" han dado la razón al Consistorio en materia de subrogación de trabajadores, ya que está sujeto a una norma "de rango superior" como es el Estatuto de los Trabajadores.
PRIMARIAS SOCIALISTAS
El encuentro de estos dos alcaldes socialistas ha servido a Óscar Puente, declarado partidario de Pedro Sánchez en el proceso de primarias para elegir al nuevo secretario general del PSOE, para relacionar las diferencias de modelo sobre esta cuestión y advertir a los militantes que a la hora de votar tengan en cuenta si desean "un PSOE libre de injerencias o permeable" a las mismas.
Por su parte, Jordi Ballart ha defendido que la decisión de Valladolid y Tarrasa de remunicipalizar la gestión del agua no responde a "una moda" de revertir contratos, sino que se trata de dos municipios donde las concesiones para la gestión privada del agua "han concluido" --en el caso del municipio barcelonés tras una licencia por 75 años--.
Ambos alcaldes consideran "esencial" la gestión pública directa del servicio del agua para ofrecer "el mejor servicio al mejor coste", evitar su control por parte de grandes grupos e intereses económicos nacionales o internacionales, fortalecer su sostenibilidad, mantener unas tarifas "razonablemente bajas" y "con medidas sociales para personas y familias en situaciones desfavorables o críticas", garantizar los puestos de trabajo asociados directamente a este servicio y "destinar los posibles beneficios a la mejora del propio servicio público".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios