Conde-pumpido estrena el nuevo edificio que alberga la sede de las fiscalías especiales

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, inauguró hoy el nuevo edificio que alberga la práctica totalidad de las fiscalías especiales que conforman el organigrama del Ministerio Público español.
Este edificio viene a resolver los problemas generados por la dispersión de las especialidades de la Fiscalía, que hasta ahora acusaba todos los inconvenientes de tener sus efectivos dispersos por la geografía urbana de Madrid, y supone un notable ahorro económico para el erario público.
El inmueble inaugurado es propiedad del Estado, se sitúa en la confluencia de las calles Conde de Peñalver y Ortega y Gasset y consta de siete plantas.
El nuevo edificio da cabida a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, anteriormente situada en la calle Fuencarral; Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, en la calle Los Madrazo; Fiscalía de Violencia sobre la Mujer y Fiscalía de Siniestralidad Laboral, procedentes de Serrano, y Fiscalías de Seguridad Vial, Extranjería y Menores, antes sitas en Marqués de Duero.
Conde-Pumpido estuvo acompañado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, y los fiscales de sala de la Inspección Fiscal, Secretaría Técnica y Unidad de Apoyo.
Tras realizar un recorrido por las siete plantas del edificio, el fiscal general señaló ante el personal de la casa que “esta sede representa el cambio cualitativo visible de la presencia moderna y funcional de la nueva manera que el Ministerio Público se abre al mundo que lo rodea y empieza a estar presente en la sociedad”.
Recalcó que “el desarrollo del principio de especialización constituye sin lugar a dudas el valor añadido más relevante que este órgano del Estado ha aportado a su propio funcionamiento. Y es que raramente pasa un mes en el que algún colectivo social no solicite la creación de una Fiscalía especializada que atienda su problema”.
El edificio, construido en 1979, fue sede de la Secretaría General de Pesca Marítima. Ha sido rehabilitado dentro del llamado “marco de optimización del patrimonio del Estado” para racionalizar su configuración arquitectónica y espacial al nuevo uso administrativo de las fiscalías que acoge.