Taurinos y antitaurinos de todas las Comunidades en busca del efecto dominó

Madrid.- Partidarios y detractores de la Fiesta de los Toros, cuyo futuro en Cataluña se debate estos días en el Parlament, andan en una guerra desenfrenada por la defensa de sus respectivos intereses, y en la búsqueda de un efecto dominó.

Se trata de la supervivencia o la abolición del toreo en Cataluña. Pero más allá de la conclusión final, se hacen cábalas acerca también de lo que ésta podría significar de cara al futuro en otras Comunidades.

Así, se ha adelantado ya Madrid a lo que se entiende por un blindaje del espectáculo, tras anunciar su gobierno autonómico la intención de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC). Esto es, hasta en los colegios se impartirán clases de tauromaquia. Y se franquea la entrada de los menores a los recintos taurinos, limitada hasta ahora a los catorce años.

La iniciativa de Madrid ha sido secundada en menos de veinticuatro horas por otras dos Comunidades cuya tradición taurina tiene también importante arraigo, Valencia y Murcia.

El hecho de que los tres gobiernos autonómicos que dan este primer paso sean del mismo color político, concretamente del PP, ha provocado reacciones en contra como la del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que tilda la acción de "oportunismo político", y pide "un debate sereno" en el que "todos" puedan expresar "sus opiniones".

Pero nada frena la intención de los populares a favor de lo taurino, con una nueva reacción, de parte de la Junta de Castilla y León a través de su consejero de Interior y Justicia, el popular Alfonso Fernández Mañueco, que en su blog personal afirma que "el Gobierno de España tiene la obligación de proteger la Fiesta de los Toros, y promoverla, cerrando el paso a cualquier intento de prohibirla".

En Extremadura, el presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha dicho que defiende "la Fiesta" no tanto por motivos culturales sino por sus implicaciones económicas y de creación de empleo ya que, por ejemplo, en su Comunidad pastan más de 100 ganaderías de reses bravas.

Desde Andalucía, los ecos por la defensa de lo taurino sí llevan una notable carga cultural, además de artística, ecológica y también económica, expresadas en el manifiesto firmado esta misma semana por representantes del mundo del toro y de la cultura, con el apoyo expreso de la Junta de esta Comunidad por boca de su consejera de Agricultura, la socialista Clara Aguilera.

Dicho manifiesto reclama al Gobierno de España "que proteja los toros como parte del patrimonio cultural de la nación" y pide "el derecho a la libertad de los aficionados a seguir disfrutando de una fiesta plural, del pueblo y ajena a ideas políticas".

Mientras tanto, las palabras de la vicepresidenta primera del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros del viernes último al asegurar que el Gobierno "siempre es más partidario de la libre elección que de la imposición", y aceptando también que "se trata de una fiesta que cuenta con detractores pero también con un gran apoyo social".

Por su parte, el presidente de una de las Comunidades de mayor actividad taurina en temporada, Castilla-La Mancha, el también socialista José María Barreda, asegura no tener nada en contra de los festejos taurinos y opina que los políticos "deben tener la fiesta en paz y dejar a la fiesta en paz".

Opinión muy comprometida, la del coordinador general de "Izquierda Unida" (IU), Cayo Lara, al decir que la intención de declarar las corridas de toros como Bien de Interés Cultural (BIC) se "parece muchísimo a la España cañí", a algo que, a su juicio, "era de otro tiempo".

Críticas que no podían faltar, las de los grupos comprometidos con la prohibición, como "Ecologistas en Acción", que recurrirá las declaraciones de BIC para las corridas en Madrid, Valencia y Murcia, al considerar que "no hay justificación técnica" para ello y que solo se trata de "una pataleta antidemocrática" de algunos dirigentes del PP.

Y por supuesto, de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA), que piensa exigir a Esperanza Aguirre el "estatuto de neutralidad" de la Comunidad de Madrid ante un asunto que "divide a los madrileños", recordándole que ella y su Administración representan a todos los ciudadanos, no sólo a los taurófilos".