Barcelona.- Un informe jurídico encargado por la Generalitat al despacho de abogados Garrigues avala la constitucionalidad del proyecto de Ley del Cine Catalán que se está debatiendo en el Parlament y su ajuste a la legislación internacional.
El ex conseller de CiU Joaquim Triadú, responsable del informe, ha comparecido hoy ante la Comisión de Política Cultural del Parlament para explicar el contenido del trabajo y ha aconsejado a los diputados la aprobación de la ley.
El parlamento catalán, ha dicho Triadú, tiene competencias en cine y debe ejercerlas, "ya que en caso contrario, supletoriamente, se aplicarán políticas de fuera" y "si no hablamos aquí del impulso lingüístico, pocos parlamentos lo harán".
A juicio de Triadú, "pisamos un terreno muy conocido ya que el gobierno español estableció cuotas lingüísticas y de pantalla en la década de los ochenta, no es novedad".
Por ello, entiende que si la aprobación de este proyecto de ley fuera un error, "también se habrían equivocado las Cortes, la Unión Europea y numerosas instancias judiciales catalanas, castellanas y europeas que han dictado sentencias" al respecto.
Triadú ha explicado que el artículo 18 del actual proyecto de ley donde se señala que en un plazo de cinco años la mitad de los filmes tendrán que ser doblados o subitulados en catalán, "no es imperativo, no obliga a doblar películas a nadie, sólo dice que si las doblas, en el mercado de Catalunya hay dos lenguas que operan en igualdad de condiciones" y la distribución "se tendrá que hacer en dos lenguas".
En todo caso, Triadú, respetando las diferentes interpretaciones de las leyes internacionales, ha resaltado que "la razón de ayudar a corregir un desequilibrio lingüístico es más fuerte que las restricciones a la libertad de mercado que se puedan producir".
Ha resumido que "una cosa son las fronteras comerciales y otra distinta" el derecho de la ciudadanía "a tener una oferta en su lengua".
Cuando "nosotros legislamos sobre la lengua, hablamos de productos que ya están en España", ha aclarado.
Triadú ha dado la vuelta hoy a los argumentos que expuso ante la comisión el catedrático de derecho económico internacional de la Universitat de Barcelona (UB) Ramon Torrent, quien afirmó que el proyecto de Ley de Cine "protege esencialmente a las películas en castellano", porque no tienen que pagar el impuesto de doblaje previsto en la ley.
El jurista ha considerado que "siempre llueve sobre lo mismo, la lengua catalana", y ha recordado que ya se han impuesto cuotas lingüísticas a radios privadas
El derecho es interpretable, excepto si hay sentencia, ha explicado y "en este caso hay seis sentencias que reafirman el derecho de los Estados y parlamentos a defender sus lenguas y sus identidades culturales, siempre que no discriminen de forma exagerada las leyes de mercado".
Sobre si deberá informarse de la la ley a la Unión Europea, Triadú ha dicho a los diputados que "ustedes no son un negociado, son un Parlamento, y las únicas normativas que deben llevarse a Europa antes de publicarlas en el DOC son los decretos de subvenciones".
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