El CICR señala que los familiares de desaparecidos en Perú necesitan "respuestas"

El conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000 y que enfrentó a las fuerzas del Estado con el grupo armado Sendero Luminoso, pero también con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), sembró el país de unos 15.000 desaparecidos. Hace casi un año, se promulgó la Ley de Búsqueda de Desaparecidos con el fin de dar respuesta a quienes a día de hoy siguen desconociendo el paradero de sus seres queridos.

"Para los familiares conocer la suerte de sus seres queridos es muy importante por distintos motivos de carácter humano, cultural o religioso", explica en una entrevista a Europa Press Rafael Barrantes, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En las zonas andinas, donde se produjeron gran parte de las desapariciones, "hemos encontrado mucha ansiedad por saber qué ocurrió con sus seres queridos, a los que quieren enterrar dignamente". "No los pueden olvidar", subraya, precisando que hay incluso algunos que aunque saben que sus familiares murieron siguen teniendo "una gota de esperanza" e incluso creen verlos.

"Para ellos la esperanza se transforma en una forma de sufrimiento porque la esperanza de que siga vivo les hace sufrir", destaca Barrantes, incidiendo en que "los seres humanos no somos un robot que tengamos un botón de resignación" que permita a estas personas resignarse con lo que les ha sucedido.

También hay casos de familiares en la zona amazónnica que "aunque quieren saber si sus seres queridos están vivos o muertos no tienen la necesidad de darles un entierro digno", en su caso por motivos culturales, ya que "piensan que los restos mortales son contaminantes y les pueden causar daño", agrega Barrantes.

ENFOQUE HUMANITARIO DE LA LEY

Ante esta situación, se aprobó en junio de 2016 la Ley de Búsqueda de Desaparecidos con un "enfoque humanitario" cuyo fin es "el alivio del sufrimiento, la incertidumbre y la necesidad de respuestas de los familiares" de desaparecidos y para "orientar la búsqueda para la recuperación, identificación, restitución y entierro digno de los restos humanos", según reza el propio texto legal.

El CICR trabajó junto con otras organizaciones locales de desaparecidos para que la ley priorizara el aspecto humanitario, explica Barrantes, aunque ello no significa que "impidan los aspectos judiciales". Hasta ahora, la única forma que había en Perú de obtener respuestas era por la vía judicial.

Dos de los aspectos clave de la ley son la creación de una Dirección General de Búsqueda de Desaparecidos, que se encargará de la implementación de las estrategias y políticas que se adopten en base al texto, y otra es la creación de un sistema de gestión de la información sobre desaparecidos.

Actualmente, explica el responsable del CICR, existen numerosas bases de datos de distintas fuentes sobre víctimas y desaparecidos durante el conflicto y la creación del sistema supondría su "centralización en un solo registro", lo que ayudaría a elaborar "hipótesis" sobre la localización de desaparecidos y en último término dar las respuestas que esperan los familiares.

TRES GRANDES RETOS

Sin duda, sostiene Barrantes, la centralización de la información es uno de los "tres grandes retos". Otro serán las "intervenciones forenses", pero no está claro que en Perú haya suficientes forenses cualificados para llevar a cabo este tipo de actuaciones, así que seguramente hará falta recurrir a forenses civiles o de instituciones del extranjero. En este sentido, advierte, Perú no es el único país del mundo donde se busca a desaparecidos.

El tercer gran reto, precisa, "es cómo hacer que todo este proceso sea reparador para los familiares". "No se trata simplemente de dar información de manera fría o tosca, sino que hay que tener en cuenta los aspectos emocionales" de los familiares, acompañándolos y orientándoles sobre el proceso, subraya el responsable del CICR.

En cuanto al coste que tendrá para el Estado la aplicación de la ley, toda vez que también se prevé el acompañamiento psicosocial de los familiares y apoyo material y logístico para la búsqueda, identificación, restitución y entierro, por ahora no hay una estimación. En opinión de Barrantes, "comparado con otras intervenciones estatales no creo que sea especialmente costosa".

Como ejemplo, explica que cotejar las muestras de AND de familiares con restos óseos de desaparecidos cuesta unos 450 dólares. "Esas cifras para un Estado no son realmente importantes y no son tan grandes frente a la posibilidad que se tiene de dar respuesta a ciudadanos del país que están sufriendo", subraya. "No son cifras astronómicas como puede ser construir infraestructuras", insiste.

PERÚ ESTÁ INVENTANDO ALGO TOTALMENTE NUEVO

Preguntado sobre si considera que el proceso de aplicación de la ley está siendo lento, Barrantes sostiene que "no es justo" intentar medir el éxito como se haría con otros programas puesto que lo que se está haciendo en Perú es "inventar algo totalmente nuevo", no hay "experiencias que copiar".

Aunque existen experiencias de búsqueda en otros contextos de las cuales se pueden extraer lecciones, como en Argentina, Guatemala o los Balcanes, y procesos "similares" al peruano que paralelamente se están implementando en otros países como Colombia, Sri Lanka o Nepal, en Perú se está creando un "mecanismo de búsqueda" que no existe en el mundo.

Así pues, añade, "no me sorprende el tiempo que se ha demorado", entre otras cosas porque durante este año en Perú ha habido cambio de Gobierno. En este sentido, asegura que ven "voluntad" y de hecho el CICR ha firmado un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para "ayudarles en la implementación".

En todo caso, pide al Ejecutivo peruano que "mantenga el interés" en el problema de los desaparecidos y que la nueva ley "no sea solo un texto aprobado sino que se dé respuesta a los familiares". Barrantes reconoce que "no es un proceso sencillo" que se puede realizar "de la noche a la mañana".

Al contrario, sostiene, "hay que implementarlo con cuidado". Sin embargo, algunos familiares han esperado casi 30 años y "muchos no tienen paciencia", pero, advierte, "las respuestas no vendrán de una política improvisada".

No obstante, el responsable del CICR confía en que "los tiempos se acorten" en cuanto al ritmo de recuperación e identificación de desaparecidos. En Perú, recuerda, la búsqueda comenzó en 2002 y en estos 15 años se han recuperado unos 3.000 de los alrededor de 15.000 desaparecidos que se calcula que hay. "Al ritmo actual, necesitaríamos 75 años", incide. "El objetivo es dar respuesta a los familiares y hay que dárselas cuando aún están vivos", remacha.