La representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México se congratuló este miércoles de que la fiscalía general investigue nuevas hipótesis sobre el destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace dos años.
Jan Jarab, representante del Alto Comisionado en México, viajó a Ayotzinapa, en Guerrero (sur), donde se reunió con padres de los jóvenes desaparecidos en la misma escuela de maestros donde estudiaban.
"Hemos visto en las últimas semanas algunas indicaciones de que ya se están investigando también otras pistas, otras líneas (diferentes) a las de antes. Me parece un hecho positivo, aunque vamos evidentemente a seguir el proceso", declaró Jarab a la prensa tras el encuentro.
De su lado, los padres de los estudiantes, muchos de los cuales viven en la escuela desde hace dos años, expusieron su apoyo a las organizaciones ante su desconfianza con las autoridades.
La fiscal general, Arely Gómez, sólo "nos daba vueltas" sin que hubiera avances en las investigaciones, y esto fue uno de los motivos para que los padres suspendieran el diálogo con el gobierno, dijo a la AFP Hilda Rivera, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.
De su lado, Bernardo Campos, papá de José Ángel Campos, también desaparecido, estimó que el "acompañamiento" de la ONU y otras organizaciones de derechos humanos les "da tranquilidad de que pueda haber una pronta respuesta. Da gusto verdaderamente, hay esperanza".
Los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala cuando se apoderaban de autobuses para sus movilizaciones y fueron atacados por policías locales, quienes los habrían entregado al cártel Guerreros Unidos.
La fiscalía defendía la denominada "verdad histórica" según la cual los jóvenes habrían sido asesinados por los narcotraficantes y después incinerados en el basurero de la vecina comunidad de Cocula, para luego arrojar sus cenizas a un río.
Pero tras meses de investigaciones y peritajes y de que un grupo de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desestimara esa versión, la fiscalía ha abierto nuevas investigaciones.
Días atrás, el subprocurador de Derechos Humanos de la fiscalía, Eber Betanzos, dijo a la AFP que se investigan a policías de otras localidades de la zona y se preparan búsquedas de posibles restos de los jóvenes en "nuevos puntos" con la ayuda de tecnología de punta.
Pero para Amnistía Internacional, la tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto "no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México".
"Desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía.
El grupo de expertos de la CIDH -cuya misión concluyó en abril tras la negativa del gobierno a autorizar la extensión de su mandato- señaló directamente a las autoridades mexicanas de obstaculizar su búsqueda de nuevas pistas y alegó casos de torturas contra detenidos.
El funcionario de la ONU reiteró el compromiso del organismo para hacer valer el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de casos de desaparición y, en ese sentido, dijo que apoyan la adopción de la propuesta de ley general contra las desapariciones, que discute el Senado mexicano.
El caso Ayotzinapa desató una ola de indignación mundial y arrojó luz sobre el problema de las desapariciones en México, la mayoría ligadas a la violencia desatada por el narcotráfico.
Desde que en diciembre de 2006 el gobierno federal lanzó una ofensiva militar antidrogas, más de 170.000 personas han sido asesinadas y más de 28.000 se encuentran desaparecidas, según cifras oficiales.
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