La portavoz de Energía de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha reprochado al Gobierno que no actúe contra la contaminación a pesar del "ultimátum" de dos meses que Bruselas ha dado a España en materia de calidad del aire el pasado mes de febrero.
"Luego podrá ser responsabilidad de la Cámara cuando lleguen a última hora para hacer algo, sin consenso, para que votemos porque si no es responsabilidad de todos que nos multen", ha señalado la diputada.
Rodríguez se ha referido así, durante su intervención en la Sesión de Control del Congreso, a las advertencias realizadas por la Comisión Europea el pasado miércoles. En ellas apuntaba que si España no cumplía en dos meses con objetivos en esta materia acudiría al Tribunal de Justicia Europeo y se podría multar al país por esta situación.
"Madrid, por 7 años consecutivos, no cumple los límites legales y la Comisión Europea mantiene abierto un expediente de infracción", ha apuntado Rodríguez, para pedirle a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, "responsabilidad" y "trabajo" y elaborar "un Plan Nacional" que "evite que haya políticas de improvisación en ayuntamientos que, en lugar de trabajar por el clima, acaben en caos, como ocurrió en Madrid".
UN TEMA "PRIORITARIO"
Sin embargo, Tejerina ha recordado a Rodríguez que esta materia es competencia de las autonomías y ayuntamientos y que la labor desde el ministerio es dictar la normativa básica y apoyar a los ejecutivos regionales y locales. "Nos hemos dirigido a las administraciones responsables que están fuera de los cumplimientos", ha asegurado.
En su intervención también ha defendido el trabajo del Ministerio y ha asegurado que la calidad del aire es una "prioridad" en las políticas de su departamento y ha recordado que se aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 para actuar sobre las fuentes de emisión contaminantes, entre ellas el transporte.
En este sentido, ha explicado que, actualmente, se "trabaja en la evaluación de los resultados" de esta iniciativa y en la preparación del segundo plan del aire que reforzará las actuaciones.
Respecto a la misma cuestión, la diputada socialista Pilar Lucio, ha interpelado a la ministra sobre la calidad del aire y las medidas para reducir la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético y ha criticado los "escasos" avances de España para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a otros países.
Por ello, ha reclamado al Gobierno un "mayor esfuerzo" en esta materia, con medidas, por ejemplo para el fomento del vehículo eléctrico a través del impulso a la fiscalidad ambiental que graven a quien más contamine y favorecer la fijación de la población rural. "Hay que remangarse", ha apostillado.
En su respuesta, la ministra ha incidido en que el Gobierno está preparando un nuevo Plan nacional de Calidad del Aire para el periodo 2017-2019 y ha asegurado que es una de las "prioridades" del Ejecutivo.
Así, ha puesto de ejemplo medidas en el marco del plan aire actual como el etiquetado de vehículos según contaminen, los planes PIMA y el Plan Clima, entre otras actuaciones que suman un importe de 172 millones de euros para impulsar iniciativas de mejora de la calidad del aire.
También ha indicado se establecerán otros planes y programas que estarán listos en 2019 cuando se establezcan las directrices a nivel europeo. La ministra ha garantizado que "este es uno de los compromisos más significativos del Gobierno para esta legislatura" y ha puesto como muestra de ello la anunciada Ley de Cambio Climático y para la transición energética.
Respecto a la elaboración de este proyecto legislativo, ha precisado que en la última reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno se ha aprobado la creación de una comisión interministerial que se reunirá esta semana para definir el texto de la ley de cambio climático.
Finalmente, ha relatado las medidas dirigidas a la revisión del modelo energético entre las que destaca la apuesta por la eficiencia energética, con 255 millones de euros desde 2012, y la interconexión eléctrica con el resto de Europa para promover la integración del mercado energético que permita ajustar y estabilizar los precios porque ha insistido en que para el Ejecutivo "proteger la salud de las personas y del medio ambiente es un objetivo irrenunciable".
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