El Ejecutivo responde así a una pregunta escrita registrada en el Congreso por la diputada de En Marea Yolanda Díaz, en la que cuestiona al Gobierno sobre las medidas que piensa tomar tras este caso que, a su juicio, han creado alarma social y el desprestigio de la universidad española.
Desde Moncloa indican que abogan por la "transparencia académica" como "factor fundamental para la mejora de la calidad y la excelencia académica del sistema universitario y aseguran que, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, han estado atentos a las informaciones aparecidas sobre este tema para llevar a cabo las actuaciones oportunas en el caso de que éstas se acrediten fehacientemente.
La formación gallega también preguntaba si la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) va a revisar los sexenios y el accdeso a la cátedra de Suárez, en vista de que estos méritos fueron conseguidos gracias a los documentos y estudios plagiados.
UNA POSIBLE INFRACCIÓN PENAL
En este puntoo, el Ejecutivo indica que existen unos supuestos por los que se anulan estos actos en los que se incluyen aquellos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, los que tengan un contenido imposible, los constitutivos de infracción penal o aquellos que no cumplan el procedimiento legal establecido, entre otros.
"En el caso al que se refiere, un presunto plagio de aportación (estudio) sólo puede ser considerado como una infracción penal por la jurisdicción competente. El juez de lo penal puede apreciar, si así lo estima oportuno y probado, la comisión de un hecho delictivo; si se dictara sentencia firme en este sentido, la CNEAI podría revisar de oficio la concesión del tramo de investigación", apunta el texto del Ejecutivo.
Sin embargo, el Gobierno recuerda que no hay sentencia firme, por lo que, hasta que ésta no se produzca, no cabe la revisión de oficio por este motivo.
Del mismo modo, señala que la CNEAI depende de Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), por lo que la revisión de oficio debería ser impulsada por esta última y no por la Secretaría General de Universidades, ni por la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
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