Una inmigrante hondureña y su hijo menor de edad demandaron al gobierno de Estados Unidos en un tribunal federal por presuntamente haber sido detenidos ilegalmente y sufrido tratos inhumanos, según documentos judiciales obtenidos este jueves por la AFP.
Suny Rodríguez, de 40 años, y su hijo Angelo, de 9, piden compensaciones por haber sido "encarcelados y groseramente maltratados durante cuatro meses en el sur de Texas, siguiendo las políticas ilegales del Departamento de Seguridad Interior".
"Fueron objeto de detención ilegal, condiciones ilegales de confinamiento y otros tratos inhumanos", según la demanda presentada el miércoles ante una corte federal de Nueva Jersey, donde viven los demandantes.
Rodríguez y su hijo, junto al padre del niño, José Rafael Sánchez, fueron detenidos por las autoridades fronterizas estadounidenses poco después de cruzar ilegalmente desde México en enero de 2015.
Rodríguez dijo a las autoridades que temía regresar a Honduras, argumentando que había sido objeto de amenazas y ataques físicos por sus denuncias contra la corrupción policial en el país centroamericano.
Pero los funcionarios de la agencia migratoria ICE y la patrulla fronteriza CBP le negaron una entrevista para evaluar su solicitud de asilo, mientras era amenazada de ser deportada y ser separada de su hijo, según la demanda.
Ambos fueron separados de Sánchez, y retenidos en instalaciones de CBP con temperaturas heladas, a veces durmiendo sobre el piso húmedo, y sin una alimentación apropiada.
Finalmente, los tres fueron liberados y lograron permanecer legalmente en Estados Unidos.
Pero la demanda afirma que "sufrieron heridas físicas y angustia mental" durante su detención.
Según los demandantes, la acusación es la primera que busca compensaciones por presuntos daños contra refugiados por efecto de las políticas de detención del gobierno de Barack Obama, tras la ola de inmigrantes indocumentados en 2014.
Las condiciones de detención de los inmigrantes indocumentados, principalmente oriundos de Honduras, El Salvador y Guatemala, y en gran número niños, han sido criticadas por legisladores y organizaciones civiles.
La demanda fue presentada el miércoles ante el tribunal federal de New Jersey. El gobierno federal tiene 60 días para responder.
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