Pediatras y enfermeros de CyL disponen desde hoy de un protocolo propio para detectar casos de malos tratos en menores

Elaborado por la Consejería de Sanidad y por la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (Apapcyl), este protocolo de actuación responde a la necesidad de los profesionales de la sanidad de mejorar la atención de una realidad "no muy bien estudiada en España" y con "tasas invisibles" de víctimas si bien el consejero, Antonio Sáez Aguado, ha apuntado a que un 5 por ciento de los menores sufrirá a lo largo de su infancia "algún tipo de maltrato".

El nuevo protocolo, de carácter propio para Castilla y León, ofrece a los pediatras y a los enfermeros una herramienta de actuación ante la sospecha de un posible caso de maltrato infantil para que sepan cómo actuar, cómo comunicar la situación y cómo derivar información, lo que suplirá la falta de un cauce de comunicación claro que había hasta la fecha y las carencias de coordinación.

Además de sensibilizar al personal sanitario, el nuevo Protocolo busca promover la correcta cumplimentación del parte de lesiones y la hoja de notificación realizada por los centros sanitarios para que sirva de "herramienta clave" en el procedimiento judicial.

También coordina la información, mejora los canales de derivación y establece "circuitos de comunicación adecuados" tanto dentro de la red sanitaria como con los recursos de otras instituciones, fundamentalmente Servicios Sociales y Educación.

Así, ante la presencia de uno o varios de los indicadores que sugieran presencia de maltrato infantil, el profesional sanitario deberá registrarlo en la historia clínica del paciente y entrevistar a los padres y al menor presuntamente maltratado. Se realizará una exploración física y psicológica y, en caso de que sea necesario, se indicarán exploraciones complementarias y se analizará la situación familiar.

Tras estos estudios se concluirá con la sospecha o con la evidencia de maltrato infantil, con lo que se procederá a la notificación del caso a los Servicios Sociales después de realizar una valoración tanto del riesgo que corre el menor de sufrir nuevos episodios como de la gravedad de dicho maltrato.

Por su parte, la presidenta de los pediatras de Atención Primaria de Castilla y León, la doctora Mercedes Garrido, ha aprovechado la ocasión para reclamar más formación y más tiempo para los profesionales ya que, según ha recordado ante el consejero, aunque la presión asistencial pueda ser "relativamente asumible" en periodos de ausencia de otros compañeros esa presión aumenta y dificulta una atención adecuada a los menores.

"Se requiere tiempo", ha insistido la doctora Garrido, quien ha evidenciado que diez minutos de consulta no es un tiempo suficiente para atender ese tipo de casos de maltrato infantil.

971 NOTIFICACIONES EN 2015

Por otro lado y según los datos del sistema de protección y atención a la infancia de Castilla y León, en 2015 se recibieron 971 notificaciones sobre posibles casos de desprotección, de los cuales 36 procedían del sistema de salud. De los 449 nuevos expedientes abiertos, 27 lo fueron tras la notificación del sistema de salud.

Además y según ha explicado el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, con la puesta en marcha de esta iniciativa la Junta da un paso más en su compromiso de impulsar la aplicación de un protocolo marco de actuaciones en casos de maltrato infantil y asegurar mecanismos de prevención y seguimiento de los casos para lo que la Consejería ha desarrollado también diversas medidas.

Entre ellas se encuentran el establecimiento de un nuevo protocolo sobre actuaciones y procedimiento en situaciones de riesgo grave sin colaboración de los padres, donde se desarrolla la actuación coordinada entre las corporaciones locales y las gerencias territoriales de Servicios Sociales, para adoptar la correspondiente resolución administrativa declaratoria de la situación de riesgo e iniciar las actuaciones correspondientes.

También ha mencionado la puesta en marcha de un programa de promoción de la participación en el sistema de protección y atención a la infancia en Castilla y León, donde se implica a las entidades de carácter social y a menores o jóvenes que han sido usuarios del mismo, para llevar a cabo actuaciones que contribuyan a la difusión, promoción y respeto de los derechos reconocidos a los menores de edad por el ordenamiento jurídico vigente.