El nuevo calendario escolar de Cantabria, aprobado este pasado martes 7 de junio por la Mesa Sectorial de Educación con el apoyo de toda la Junta de Personal Docente, que incluye una semana de vacaciones cada dos meses lectivos, ha levantado una polémica a nivel nacional en toda la comunidad educativa. Mientras los padres de alumnos se posicionan en contra de la medida y aseguran no haber sido consultados, los profesores aprueban la modificación aunque se muestran cautos sobre los resultados.
El presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha aclarado en declaraciones a Europa Press que la decisión de Cantabria es "irreprochable" desde el punto de vista legal y apunta que el problema es que no existen leyes estatales que regulen la jornada y el calendario escolar, más allá de los 175 días lectivos, un punto que respeta Cantabria.
Fernández Guisado admite que el nuevo calendario llama la atención porque supone "un cambio" aunque, en realidad, precisa que solo se añaden dos semanas de vacaciones, una en noviembre, coincidiendo con la fiesta de Todos los Santos, y otra en Carnaval, y se respetan Navidad, Semana Santa y verano. Asimismo, señala que este cambio podría "abrir las puertas" a este esquema en otras CCAA.
En cualquier caso, el presidente de ANPE insiste en que lo que les hubiera gustado es "que las leyes vertebren el sistema educativo y contribuyan a la cohesión" para que no se produzcan "desajustes" entre CCAA.
En cuanto a las ventajas del nuevo calendario, apunta que en España no hay precedentes y que, por lo tanto, "hay que dejar pasar un tiempo" para comprobar si favorece el rendimiento o compatibiliza mejor con el ocio y el descanso de los estudiantes. También reconoce que los padres "no están muy por la labor porque a lo mejor hay problemas para la conciliación de la vida familiar y laboral", aunque recuerda que con el actual sistema tampoco se garantiza.
LOS PROFESORES SE FORMARÁN EN EL DESCANSO
Para los profesores, según señala Fernández Guisado, el descanso cada dos meses no serán semanas de vacaciones sino tiempo para "programar mejor las actividades. "Aunque no haya una jornada lectiva, tienen el compromiso de seguir formándose y preparándose", afirma.
Igualmente, el cambio cuenta con el apoyo del sindicato de funcionarios CSIF porque, a su juicio, "no supone una variación sustancial a lo que ya ocurre de manera generalizada en el conjunto del Estado".
Los estudiantes también dan la bienvenida al nuevo calendario siempre que sea positivo para el descanso y el mejor funcionamiento de alumnos y profesores aunque precisan que hay otros asuntos prioritarios que abordar como "la falta de recursos en la educación pública como fruto de los recortes del PP".
"Se pueden tomar muchas medidas que tengan la intención de mejorar la educación pero mientras no haya recursos para garantizar una educación digna, accesible y gratuita para todos, este tipo de medidas van a ser muy limitadas", advierte la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García.
SIN CONSULTAR A LAS FAMILIAS
Por su parte, los padres de alumnos critican que no han tenido en cuenta la opinión de las familias, aseguran que la decisión se ha tomado de forma unilateral y dudan de los beneficios que la medida tendrá para sus hijos.
El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha subrayado que los argumentos laborales "legítimos" no pueden "disfrazarse con argumentos pedagógicos". "La defensa de este cambio de calendario por motivos laborales me parece bien, pero que se presente así, sin esconderlos", ha pedido en declaraciones a Europa Press.
Alvira, que representa a una patronal que integra más de 2.000 colegios en España en los que estudian 1,2 millones de alumnos, sostiene que para los padres un calendario escolar como el cántabro "puede ser una complicación" porque "no es fácil" conciliar el trabajo con las vacaciones de los hijos cada dos meses.
Si bien ha indicado que el cambio, en principio, "no es excesivo", pues afecta sobre todo al primer trimestre, también ha lamentando que la decisión del Gobierno cántabro se ha adoptado con los sindicatos y no ha tenido en cuenta a toda la comunidad educativa y, en concreto, a la escuela concertada.
Para la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la forma en que se ha llevado a cabo la modificación del calendario supone "una grave falta de sensibilidad" con las familias por parte de la administración autonómica.
Además, lamenta que aún no se les ha aclarado qué medidas de apoyo se implementarán en los centros durante esos días de vacaciones ni el coste de las mismas, por lo que "puede dificultar la libre elección de centro para los padres en el caso de que no se pueda realizar en los centros concertados".
MÁS DEBERES Y TRABAJOS
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Jesús Salido, considera que el debate sobre el calendario escolar debería centrarse en si será beneficioso para los alumnos y critica que la decisión de modificarlo se haya tomado sin el consenso de todos. "Las familias cántabras quisieron que se abriera un tiempo de debate pero la administración ha hecho oídos sordos, aceptando la propuesta del sector de docentes", denuncia.
A su juicio, si se añaden semanas de vacaciones pero no se modifican los ritmos ni la metodología, al final solo supondrá que los niños "van a estar más cargados de deberes y trabajos para entregar al final de estos días". Además, cree que este nuevo calendario supondrá "dificultades serias" para la conciliación de los padres ya que una de las semanas de descanso coincidirá con varios días laborables en noviembre.
El presidente de CECE, la patronal del sector educativo privado, en Cantabria, Javier Muñiz, ha admitido que este martes se quedaron "perplejos" al conocer la noticia porque no han consultado "ni con padres, ni con la concertada, ni con las patronales".
A su parecer, las que más van a "sufrir" la modificación del calendario serán las familias. Además, aunque admite que este sistema de vacaciones cada dos meses funciona correctamente en otros países, recuerda que las circunstancias socioeconómicas y la forma de vida en España es distinta y no se puede hacer "un corta y pega".
Para Muñiz, detrás de esta decisión hay motivos políticos porque cree que la nueva administración está tratando de "desmontar" muchas decisiones adoptadas por los gobiernos anteriores "por el mero hecho de que lo han hecho otros".
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