Acciona pide que se respete contrato con ATLL y se reserva acciones legales

Barcelona, 13 dic.- El consorcio al que la Generalitat catalana adjudicó la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat, liderado por Acciona, ha pedido hoy respeto al contrato "vigente" que le otorga la gestión de esta empresa, y ha avisado a la Generalitat de que se reserva las acciones legales que considere oportunas en defensa de sus intereses.

En un comunicado, este consorcio, del que también forma parte el banco brasileño BTG Pactual, ha reaccionado al anuncio de la Generalitat de que ha decidido dar cumplimiento a la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), ente dependiente del gobierno catalán, que invalidó la adjudicación de ATLL al consorcio liderado por Acciona.

Este consorcio, inmerso en toda una batalla legal con Agbar por la gestión de esta compañía, subraya que los tribunales aún no se han pronunciado "definitivamente sobre el fondo del asunto".

En esta línea, alerta de "la incertidumbre y la inseguridad" que se puede generar en caso de dar marcha atrás en dicha adjudicación, dado que "pueda afectar negativamente a la credibilidad y estabilidad de Cataluña como un entorno seguro para la inversión".

ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, y la privatización de esta empresa, por valor de 1.000 millones de euros, es la mayor de la historia de la Generalitat.

Asimismo, la nota del consorcio liderado por Acciona avisa del "riesgo de consolidar una situación de monopolio de hecho en la prestación del servicio de agua en Cataluña" si Agbar se acaba quedando con ATLL.

A pesar de que el actual concesionario del servicio de ATLL apunta que "espera y confía de la Generalitat adopte las decisiones que correspondan respecto de la continuidad de la relación contractual, respetando las obligaciones y atendiendo a las responsabilidades que igualmente le incumben", estas reclamaciones contrastan con la posición del Govern.

Y es que hoy el conseller de Territori de la Generalitat, Santi Vila, ha comentado que la mesa de contratación, que se reunirá el lunes, optará por adjudicar directamente ese contrato a Agbar, el otro operador que se presentó al concurso, o bien por declararlo desierto y plantear uno nuevo.

El consorcio que lidera Acciona, por el contrario, asegura que convocar esa mesa de contratación permitirá "ratificar la legalidad" de su oferta y los "defectos formales y materiales" en que incurría la de Agbar.

Además, advierte de que asumir la propuesta de Agbar "ocasionaría un sobrecoste para los catalanes de 20 millones de euros al año" durante todo el período concesional (50 años) y una "amenaza en la estabilidad en el empleo de los trabajadores de ATLL" una vez transcurridos los cinco primeros años de gestión en manos de Agbar, en alusión al compromiso de garantía de empleo formulado por su rival.

La nota concluye subrayando que "cualquier decisión que se adopte deberá respetar los términos y obligaciones establecidos para las partes en el contrato", y advirtiendo de que se reserva emprender acciones legales en defensa de sus intereses, "las cuales ejercerá y continuará ejerciendo en todas las instancias hasta que sus derechos reconocidos sean definitivamente ratificados o resarcidos, con la exigencia de las responsabilidad que en cada caso procedan".

Acciona ya ha advertido en alguna ocasión de que si se anulase la adjudicación de ATLL exigiría en primer lugar que se devolvieran los 298,65 millones que abonó a finales de 2012 como primer pago del canon concesional y además que reclamaría una reparación por los daños y perjuicios causados.

De hecho, en julio de 2013 la Generalitat remitió una carta al banco brasileño BTG Pactual garantizándole que, en caso de retirada de la concesión al consorcio ganador, este debería ser compensado por los daños causados.

Así pues, este conflicto se presenta como una amenaza para las finanzas públicas de la Generalitat y también para su déficit, ya que la Generalitat se apuntó contablemente en 2012 los 1.000 millones que tenía previsto ingresar a lo largo de 50 años por esta privatización con el fin de reducir el déficit de aquel año.