AI advierte de la escalada de violencia y la represión política en Burundi

Nairobi, 29 jul.- El Gobierno de Burundi ha lanzado una campaña para reprimir a los críticos, mientras las juventudes del partido gobernante acosan cada vez más a la oposición política ante las elecciones del próximo año, alerto hoy Amnistía Interncional (AI).

En su informe "Encerrado: Una reducción del espacio político", la organización advierte de la represión de las libertades de expresión, asociación y reunión y del gran aumento de la violencia política vinculada al gobernante Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD).

"La represión del Gobierno sobre la libertad de expresión y de reunión pacífica tiene graves consecuencias para los derechos humanos antes de las elecciones del próximo año", dijo el investigador de AI en Burundi Tom Gibson, en un comunicado.

Las tensiones políticas están aumentando en Burundi mientras el presidente, Pierre Nkurunziza, parece estar presionando para presentarse a un tercer mandato, lo que supondría una violación de la Constitución burundesa.

Las autoridades de este pequeño país del este africano han negado arbitrariamente el permiso a los grupos de la oposición y de la sociedad civil a reunirse o realizar protestas con la nueva Ley de Reuniones Públicas.

También la Ley de Prensa y el borrador de una norma que regulará la actividad de las ONG amenaza las libertades de expresión y de reunión.

Mientras, las juventudes del CNDD-FDD, conocidas como Imbonerakure, están intimidando, acosando y atacando o incluso asesinando a miembros de la oposición política, denunció AI.

Un miembro de la oposición murió tiroteado recientemente por dos soldados bajo las órdenes de miembros del grupo Imbonerakure, considerada una milicia por recibir entrenamiento.

"Los Imbonerakure tienen lazos estrechos con los servicios de seguridad y han cometido abusos contra los derechos humanos con impunidad. Es muy preocupante", dijo Gibson.

Según la organización, los Imborenakure han sido armados y entrenados para atacar a los miembros de la oposición y por ello deben ser investigados.

En abril, según un informe filtrado por la oficina de Naciones Unidas en Burundi, miembros del Ejército burundés suministraron armas y uniformes militares y policiales a los integrantes de esta milicia.

Aunque el Gobierno ha negado estas acusaciones, también ha rechazado una propuesta para crear una comisión de investigación independiente, planteada por el Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio.

Un mes después, el conocido activista burundés Pierre Claver Mbonimpa fue detenido tras denunciar en la radio que hombres jóvenes estaban recibiendo armas y uniformes y viajando a la vecina República Democrática del Congo para ser entrenados militarmente.

La milicia Imbonerakure forma parte de los comités de seguridad mixta que el Gobierno está estableciendo en todo el país y que en ocasiones llegan a imponer su autoridad sobre la Policía y las administraciones locales.

Amnistía Internacional llamó a la Unión Africana a tomar medidas ante las violaciones de derechos políticos y civiles para prevenir un conflicto en Burundi.

La organización también exigió al Gobierno del país que respete y proteja los derechos y libertades de sus ciudadanos.

"Burundi es una nación que está saliendo de una larga y problemática historia de conflictos violentos. El Gobierno debe abrir espacio a la crítica y para la represión en el camino hacia las elecciones de 2015", concluyó el investigador de AI.

Nkurunziza lleva en el poder desde 2005, cuando su partido ganó las elecciones y fue elegido por el Parlamento.

Tras su independencia de Bélgica en 1962, la historia del país ha estado sacudida por la violencia étnica, incluidos dos sucesos calificados como genocidios: la masacre de hutus por el Ejército dominado por tutsis en 1972 y el asesinato masivo de tutsis por hutus en 1993.

Ambas etnias protagonizaron el genocidio de 1994 en la vecina Ruanda, donde unas 800.000 personas -según cifras de la ONU- fueron asesinadas, la mayoría de la etnia tutsi, aunque también muchos hutus políticamente moderados.