Sevilla, 11 mar.- El anteproyecto de ley de Memoria Democrática de Andalucía fija un plazo de dieciocho meses para la retirada de símbolos franquistas de plazas y calles de la comunidad autónoma y, a diferencia de la ley estatal, no se exime de su retirada por razones artísticas.
El Consejo de Gobierno andaluz ha dado hoy luz verde al inicio de la tramitación de este anteproyecto, que recoge sanciones de hasta 10.000 euros si se incumple la orden de retirada de símbolos franquistas o se realizan obras en lugares de memoria histórica sin autorización, entre otros supuestos.
El vicepresidente andaluz, Diego Valderas, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este anteproyecto de ley, con el que ha dicho que "se salda una deuda con las víctimas de la represión franquista" y ha precisado que "se reconoce el pasado, pero se mira al futuro de forma constructiva".
El anteproyecto, que será aprobado por el Gobierno andaluz en torno al mes de junio, concreta más el catálogo de víctimas al añadir a quienes sufrieron la tortura en los campos de exterminio nazis o los niños robados en los años posteriores al franquismo.
Se contempla la elaboración de un plan andaluz de memoria histórica para la localización y exhumación de las víctimas y la Junta y los ayuntamientos podrán incoarlo de oficio, a instancias de los familiares, entidades memorialistas e investigadores. Se propone además la expropiación temporal de terrenos si el propietario no da su consentimiento a las exhumaciones.
También se elaborará un mapa de las áreas donde están las fosas -actualmente hay localizadas en Andalucía 614-, y en este caso el anteproyecto de ley recoge sanciones, que van de 10.001 a 150.000 euros, por la construcción o remoción de terrenos u otros restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas.
La Junta plantea incluir la memoria democrática de Andalucía en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la educación de personas adultas mediante la revisión de los contenidos para incorporar un conocimiento riguroso de la historia relacionada con los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, ha explicado Diego Valderas.
Asimismo, se fija el 14 de junio como un día de recuerdo y homenaje a las víctimas, fecha que coincide con la primera exhumación en Andalucía, y se constituirá un banco de ADN con las pruebas genéticas para identificar los restos óseos.
El anteproyecto amplía su alcance a los actos públicos de ensalzamiento del franquismo y, en la medida de sus competencias, las administraciones andaluzas "evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas y exaltación", como es el caso de la celebración del 20 de noviembre, día de la muerte de Franco.
El vicepresidente de la Junta ha reconocido que la ley no cuenta con memoria económica y tiene un presupuesto muy bajo para sus necesidades, de unos 800.000 euros, y ha agradecido el trabajo de las colectivos memorialistas.
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