Cataluña afirma que no incumple las órdenes del TSJC sino que las recurre

Lleida, 12 abr.- La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha explicado hoy en Lleida que "no es verdad" que el gobierno catalán esté incumpliendo la resolución del TSJC sobre la inmersión lingüística en las escuelas, sino que lo que ha hecho es presentar un recurso contra esas medidas cautelares.

Diez autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) conocidos el pasado miércoles, en respuesta a las familias que solicitaban la escolarización en castellano, especifican que la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo significa que hay que garantizar el castellano como lengua vehicular no sólo para el niño que la pide, sino "para toda la clase".

Rigau, que ha realizado hoy una visita a Les Borges Blanques, Lleida i Verdú, ha señalado que el ejecutivo aprovecha las posibilidades que brinda el ordenamiento jurídico.

"El gobierno de Cataluña siempre ha desarrollado las estrategias que el ordenamiento jurídico permite para defender el modelo lingüístico catalán. Sólo 11 de las 137 familias que pidieron por vía administrativa la enseñanza en castellano han continuado por la vía judicial", ha explicado la consellera.

"Atendiendo la petición de esas 11 familias, el TSJC ha ordenado que lo apliquemos de forma cautelar. Pero nosotros entendemos que no hay razón de fondo para aplicar previamente a la sentencia esta petición y, por eso, lo hemos recurrido al Supremo. Cuando se dice que incumplimos no se dice la verdad: o cumplimos o recurrimos", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que el gobierno catalán aplica una sentencia firme del 2012 del Tribunal Supremo que, en su opinión, "dejó claro que a los tribunales les corresponde atender peticiones individuales, pero nunca instar a un gobierno a cambiar un sistema, porque no es su competencia".

Rigau ha señalado asimismo que la cuestión que ha introducido el TSJC de plantear que la atención en castellano tenga que afectar al conjunto del aula en vez de realizarse de forma personalizada "no ayuda a resolver un problema que ven desde fuera de Cataluña y que aquí no vivimos".

"Son 600.000 las familias que confían sus hijos al sistema educativo catalán, 30 años de una apuesta por un modelo lingüístico que garantiza el igual dominio de castellano y de catalán", ha dicho.

Asimismo, ha añadido que es a la Generalitat a la que le corresponde decir en qué proporción se tiene que utilizar cada lengua, de acuerdo con la realidad sociolingüística, y siempre que se garantice la presencia de las dos lenguas oficiales en los centros.